Santiago de Compostela, 26 sep.- A menos de un mes para que se celebren los comicios autonómicos, Galicia afrontará de nuevo una campaña electoral marcada por una investigación judicial centrada en cargos públicos.
La Operación Pokemon, por una presunta trama de corrupción política por el cobro de comisiones, se suma así a la Operación Campeón, que en mayo de 2011 y en vísperas de las elecciones municipales, saltó a las portadas con el empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo como principal imputado.
Entonces fue la magistrada Estela San José, de los juzgados de Lugo, la que puso en marcha la investigación sobre la presunta concesión de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos.
Sin duda, en este caso el político de más renombre que aún permanece imputado es el exministro de Fomento y diputado socialista José Blanco.
El político de Palas de Rei quedó judicialmente implicado en el mes de octubre, justo un mes antes de celebrarse las elecciones generales del 20 de noviembre.
Pero además de José Blanco, las consecuencias políticas se extendieron también al alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, cuya causa ya ha sido archivada, y a los exdiputados autonómicos Pablo Cobián, del PP, y Fernando Blanco, del BNG, este último conselleiro en el gobierno bipartito de la Xunta en la anterior legislatura.
Ahora los comicios gallegos vuelven a verse alterados en vísperas del comienzo de la campaña electoral con la Operación Pokemon.
La magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, ha agitado de nuevo los cimientos de la campaña de las elecciones gallegas al ordenar la detención de los alcaldes de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, el pasado jueves, además de casi una veintena de personas.
En los medios de comunicación y en los partidos políticos, además de en el ámbito ciudadano, se ha cuestionado si la jueza acertó al ordenar las detenciones pocos días antes de dar comienzo la campaña electoral.
Fuentes próximas al caso apuntan a que la operación estaba en marcha desde hace unos dos años y que no se demoró por entender que podrían correr riesgo las labores de investigación.
Es más, al parecer, antes de que el presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, fijase la cita electoral para el 21 de octubre las detenciones estaban ya previstas una vez pasado el verano.
En el seno de los dos principales partidos gallegos PPdeG y PSdeG no se ha desatado por el momento el cruce de acusaciones, y lejos de ello en ambas formaciones se ha aludido a la presunción de inocencia de los detenidos.
No se sabrá hasta el mismo día de las elecciones si los ciudadanos gallegos manifestarán en las urnas, en forma de abstención, su descontento con la actuación de algunos políticos, precisamente en unos tiempos difíciles para gran parte de los ciudadanos.
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