Gallardón se compromete a que todos los posibles `niños robados´ puedan “conocer su filiación”

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró hoy que el Gobierno está “plenamente comprometido” con las víctimas de la trama de robo de bebés y garantizó que su intención es facilitar que “todos aquellos que tengan dudas, puedan conocer su filiación”.

Gallardón respondía así a la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien le interpeló hoy en el pleno del Congreso para instar al Ejecutivo a que investigue los casos de bebés robados y a que “adopte medidas frente al archivo masivo de estas denuncias por parte de las fiscalías territoriales”.
Díez alega que el archivo de estas causas produce una sensación de “inseguridad jurídica” que atribuyó a la “disparidad de criterios” entre las diferentes audiencias provinciales.
UPyD defiende que los casos de robo de bebés entran de lleno en el concepto jurídico de ‘delito permanente’ y, por tanto, no deberían prescribir ni dejar de perseguirse en ningún momento. Pese a reconocer que el Parlamento no puede atentar contra la “independencia judicial”, Díez insistió en que los archivos se deben a la “ausencia de medidas legislativas concretas para atender esta situación”.
La formación denuncia que todavía no se han articulado medidas eficaces para facilitar la instrucción de estos procedimientos mediante la obtención de las pruebas necesarias, lo que evitaría el archivo de las diligencias de investigación.
Además, propone medidas como la colaboración entre los hospitales públicos, los privados y la Iglesia sobre los expedientes médicos y archivos históricos de las personas afectadas, porque es “sospechosamente común” el extravío de expedientes.
Destaca también el elevado coste de la exhumación de los restos y las pruebas de ADN, que dificulta mucho las investigaciones, así como “la falta de unidad de criterio de los fiscales territoriales”.
Rosa Díez pidió el reconocimiento institucional de la cualidad jurídica de víctimas a estos niños y sus familias, la creación en todas las comunidades autónomas de una oficina de atención y búsqueda de familiares, la asistencia jurídica gratuita y la creación de una sección especializada de la Fiscalía para estos casos.
El ministro advirtió a la diputada que cualquier cambio legislativo que se pueda introducir en la reforma del Código Penal no podrá tener efectos retroactivos porque sería inconstitucional y aseguró que su prioridad es facilitar a las familias que tengan dudas, los medios para conocer su identidad.
“El Gobierno”, dijo Gallardón, “está plenamente comprometido con este asunto que es de los más graves y humillantes” a los que se puede ver sometida una persona e insistió en que no puede “haber ninguna duda” de la voluntad de la Fiscalía de con seguir que “se haga justicia”.