El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció algo que no se creía ni él. Prometió no dar indultos a corruptos mientras sea ministro de Justicia. Y no lo podía cumplir porque ya había indultado a 15 de ellos. Pese a matizar sus palabras limitando esta afirmación a los políticos "que se llevaban dinero en su bolsillo", el BOE contradice a Gallardón ya que en lo que va de legislatura, numerosos cargos políticos han sido perdonados de sus penas por corrupción.
Desde la oposición han sido muchas las represalias contra el ministro. Gaspar Llamazares, promotor de una de las primeras iniciativas contra los indultos de esta legislatura, rechazada por el PP, ha incidido en que "no hay ningún problema para demostrar que el ministro miente" sobre lo que ha hecho el Gobierno en el pasado, lo que le lleva a asegurar que también lo hace cuando afirma que no se indultará a corruptos en el futuro. "Que diga que el PP no indulta a corruptos es un escándalo de ámbito nacional", se ha lamentado.
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El Ejecutivo ha concendido indultos a políticos que han sido condenados por casos de corrupción.y además lo ha hecho con políticos de todos los colores.UDC: Josep María Servitje y Víctor Manuel Lorenzo: Caso Treball. Malversación y contratación de estudios inútiles
CASO TREBALL:Josep María Servitje, militante de Unió, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por desviar fondos de la Generalitat a través de la contratación de estudios inútiles, mientras que el empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña estaba pendiente de cumplir una pena de dos años y tres meses de cárcel por su implicación en los casos de malversación "Treball" y "Turisme". Ambos fueron indultados.
Según el fallo, el dinero "desviado" por el pago de estos informes los destinó Acuña en "beneficio propio y/o de terceros cuya identidad no ha quedado revelada". La sentencia considera probado que los ocho informes sobre derecho laboral contratados, por los que se pagaron 7,6 millones de las antiguas pesetas, no respondían a una "necesidad real" del departamento, por lo que se trató de una actuación "totalmente ajena al interés público".PP: Tomás Gómez Arrabal: Delito continuado de prevaricación urbanística
El BOE del 18 de julio de 2012 publicó el indulto concedido el 29 de junio de 2012 al exalcalde del PP del Valle de Abdalajís (Málaga), Tomás Gómez Arrabal y a tres de sus concejales: Fermín Muñoz Armero, María Teresa Mesa Pernia y Antonio Pérez Postigo. Todos fueron condenados por delito continuado de prevaricación urbanística. Todos fueron indultados.
Las penas de la sentencia de 20 de octubre de 2009 del juzgado nº 9 de Málaga oscilan entre los 9 años y medio y los 5 de prisión. Gallardón rebajó las condenas a dos años y les conmina a no volver a delinquir en los próximos tres años. Eso sí, mantiene vivas las penas de inhabilitación para ejercer cargo público.CC.OO.: Miguel Ángel Bustos Molina: Delito de lesiones e inhabilitación para el derecho del sufragio pasivo
El BOE publicaba el RD 1537/2012 de 15 de noviembre por el que se indultaba a Miguel Ángel Bustos Molina, un sindicalista de CCOO de la EMT condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a seis años por delito de lesiones e inhabilitación para el derecho del sufragio pasivo por sucesos cometidos en 1998. El 22 de junio de 2004 el Ayuntamiento de Málaga aprueba una moción institucional de los portavoces de los tres grupos políticos municipales reclamando su indulto: "Tiene 26 años, está recién casado y nunca ha tenido problemas con la administración de Justicia". A la petición municipal se sumó la de su sindicato, su parroquia y 5.000 firmas. Zapatero no se lo dio. Pero Gallardón sí. ¿Por qué? Conmuta la pena por dos años de prisión "a condición de que no vuelva a cometer delito en el plazo de seis años desde la publicación del Real Decreto".PSOE: María Dolores Mateos: Malversación de bienes públicos
El Consejo de Ministros aprobó el pasado septiembre el indulto parcial para María Dolores Mateos, condenada a tres años de prisión por malversación de bienes públicos. Integraba la dirección del PSOE en un barrio de Sevilla y era colaboradora de un diputado autonómico socialista imputado en el escándalo de los ERE en Andalucía. Mateos Sánchez fue condenada en 2011 por malversación. El actual ministro de Justicia firmó el indulto que rebajaba de tres a dos años su pena. Los dos años son el mínimo por debajo del cual los condenados, si no tienen antecedentes, evitan entrar en prisión.Empresario: Miguel Escudero: Estafa y falsedad
Miguel Escuderoestá acusado de ser el presunto cerebro de la red de empresas dedicadas a la venta de facturas falsas, algunas de las cuales -Consorcio Eléctrico Madrileño (CEM), Malagueña de Obras y Proyectos S A (Maopsa) o Toher- participaron en el denominadoescándalo Renfe, que acabó con la dimisión del ex presidente de Renfe y exministro de Sanidad, Julián García Valverde. Y ahora indultado tras ser condenado en 2010 por por la Audiencia Provincial de Madrid, sección decimosexta, como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa agravada.Empresario: Miguel Ángel Ramírez: Delito urbanístico
El Consejo de Ministros concedió al presidente de la UD Las Palmas, el empresario Miguel Ángel Ramírez, el indulto sobre la condena de tres años de cárcel por delito urbanístico que se le impuso en 2011, a condición de que derribe las obras ilegales que hizo en su casa. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el indulto por el que se conmuta la condena firme que la Audiencia de Las Palmas dictó contra Ramírez, en una decisión que el Consejo de Ministros tomó el pasado 31 de octubre a propuesta del ministro de Justicia. La gracia que se concede al presidente de la UD Las Palmas afecta solo a la pena de prisión (tres años y un día), pero deja en vigor el resto de las condenas (inhabilitación para ejercer cualquier oficio relacionado con la construcción durante tres años y multa de 43.260 euros).
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El Consejo de Ministros indultó a los dos únicos condenados por el caso Yak-42 aún vivos, los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García. Ambos fueron condenados a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), cuando regresaban de Afganistán.Inmigración: Constancio Alvarado: Permisos falsos
En mayo de 2012 el Gobierno rebajó la pena mediante un indulto a Constancio Alvarado, exsecretario de la subdelegación del Gobierno en Cáceres, condenado en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes (las cantidades pagadas por estos a cambio de los papeles llegaban a los 3.000 euros), así como José Manuel Sánchez Donoso y Luis Calle Fernández. El ministerio rebajó la pena de prisión de dos años y seis meses a dos años, lo cual impide el ingreso en la cárcel cuando no hay antecedentes.ESTAFA MILLONARIA A AENA
Además, el 19 de abril de 2013 el Gobierno concedió un indulto parcial al empresario sevillano Antonio Manuel Morales Fernández, condenado por la Audiencia Nacional en 2011 a tres años y diez meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito continuado de insolvencia dolosa. Con la medida de gracia, se le redujo la pena a dos años de cárcel.
La Audiencia Nacional juzgó el fraude de 12 millones de euros cometido entre 1989 y 1995 mediante la quiebra fraudulenta de sociedades que gestionaban el catering de Aena. Morales fue condenado por descapitalizar cuatro empresas a su cargo que regentaban los servicios de cafetería y restauración de cinco aeropuertos españoles, dejando deudas millonarias a Aena, al Banco Santander y a los proveedores.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy también rebajó a dos años de cárcel, el 18 de mayo de 2012, la pena que le había sido impuesta en 2011 a Adoración Pomata Zaplana, funcionaria en el Ayuntamiento de Alicante, como autora de un delito de malversación impropia y otro de falsedad en documento oficial.
La Audiencia Provincial de Alicante la había sentenciado a dos años y medio de prisión por redactar y validar tres expedientes falsos para que su expareja cobrara del programa de acción social unos 6.000 euros, un dinero que Pomata devolvió cuando él denunció el caso.
El Gobierno ha defendido la baja tasa de indultos concedidos en esta legislatura, mayoritariamente otorgados en delitos contra la salud público. En 2013, concedió un total de 204 medidas de gracia, lo que supone la cifra más baja registrada durante los últimos doce años, según los datos recabados por El Indultómetro de la Fundación Civio.
Condenados muy mediáticos, como Julián Muñoz, José María del Nido o Jaume Matas, están a la espera de que Gallardón decida sobre ellos.
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