Madrid.- El juez Baltasar Garzón ha reclamado volver a declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye de la causa contra él por ordenar las escuchas a los imputados en el "caso Gürtel" en prisión y sus abogados, Alberto Jorge Barreiro, para hacer algunas aclaraciones.
Garzón ya compareció en calidad de imputado ante Jorge Barreiro el pasado 10 de mayo y negó haber prevaricado o vulnerado la intimidad de varios de los procesados en el "caso Gürtel" al ordenar intervenir dichas comunicaciones.
Según han informado a Efe fuentes de la defensa de Garzón, el instructor le había citado para el próximo viernes, pero hoy han reclamado al Supremo que la comparecencia sea aplazada dado que ese día el juez tiene que someterse a unas pruebas médicas.
La defensa de Garzón también ha solicitado que los afectados por las escuchas sean llamados a declarar para que expliquen en qué afectaron éstas a sus derechos fundamentales, pero el instructor ya ha rechazado en una providencia citar al presunto responsable de la trama, Francisco Correa, mientras que aún debe decidir si hace comparecer a su presunto testaferro, Antoine Sánchez.
Por otra parte, el juez ha recurrido la decisión del instructor de la querella de excluir de las grabaciones de las conversaciones fragmentos que puedan afectar a la intimidad de otro de los imputados en el caso, el supuesto "número dos" de la trama, Pablo Crespo.
El abogado de Garzón en este proceso, Francisco Baena, en su recurso contra la providencia dictada el mes pasado por el instructor señala que dicho expurgo ha sido realizado por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil "lejos de todo control judicial".
Jorge Barreiro acordó excluir dichos fragmentos al solicitarlo el abogado de Crespo, lo que Garzón considera contrario a Derecho y perjudicial para sus intereses.
Por su parte, la defensa del presunto líder de la trama, Francisco Correa, no se opuso a conservar la integridad de tales grabaciones.
La providencia que ha recurrido Garzón decide, tras recibir el expurgo llevado a cabo por los funcionarios policiales, entregar a las partes el soporte que contiene lo que han denominado "conversaciones netas" y ordena que queden bajo custodia de la secretaria el soporte original y el rotulado como "fragmentos excluidos".
Según Garzón, este expurgo se ha llevado a cabo "en estricta e inapelable conformidad con lo pedido", sin la "más mínima verificación" y se desconoce por las partes en el proceso los criterios de privacidad y sistemas de selección de pasajes utilizado por la Policía.
El letrado de Garzón sostiene que en estas condiciones es muy difícil ejercer el derecho de defensa y expresa su protesta por las "vicisitudes que vienen significando la instrucción judicial".
Jorge Barreiro considera que existen indicios para juzgar a Garzón por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, por los que la Fiscalía ha pedido la absolución del juez y las acusaciones han reclamado que éste sea inhabilitado hasta 17 años.
El abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri en el "caso Gürtel" y fue el autor de la querella inicial contra Garzón, solicita 10 años de inhabilitación para el juez, mientras que la defensa de Correa eleva esta cifra a 17 años.
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