Gobierno andaluz verá mañana si pide recusar al presidente del TC, según IU

  • El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU), planteará mañana en el Consejo de Gobierno que los servicios jurídicos de la Junta estudien la posibilidad de solicitar la recusación o, en su caso, la inhibición del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos.

Sevilla, 22 jul.- El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU), planteará mañana en el Consejo de Gobierno que los servicios jurídicos de la Junta estudien la posibilidad de solicitar la recusación o, en su caso, la inhibición del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos.

Así lo ha avanzado hoy en rueda de prensa el coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, que ha considerado que presidente del TC está "ética y moralmente inhabilitado" para desempeñar este cargo después de haber "ocultado" que fue militante del PP hasta el año 2011.

Maíllo ha justificado la petición de su formación, socio del PSOE en el Gobierno de la Junta, en el hecho de que Pérez de los Cobos se haya convertido en "juez y parte" del TC, ya que ahora la "duda" que plantean sobres sus decisiones es "si responden a los intereses del PP o siguen las prioridades" del TC.

El asunto, ha agregado, no es menor, teniendo en cuenta que hay dos decisiones de la Junta que han sido recurridas por el Gobierno, del PP, en el TC.

Se refería de esta forma al reciente recurso al alto tribunal contra el decreto antidesahucios o a la subasta de medicamentos de la Junta.

El dirigente de IU ha anunciado también que su formación continuará con la campaña contra el recurso del Gobierno a ese decreto, lo que llevará a su formación a presentar durante este mes mociones en los ayuntamientos y diputaciones provinciales exigiendo su retirada.

Entretanto, la coalición continuará con las concentraciones y otras medidas contra el recurso, con el horizonte puesto en septiembre cuando está previsto que el Parlamento andaluz apruebe la ley sobre la función social de la vivienda, procedente del decreto.

Con la ley, socialistas e IU quieren "blindar" los aspectos esenciales del decreto, es decir su función social y la posibilidad de evitar los desahucios de los bancos.

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