El Gobierno aprobará previsiblemente este martes el proyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados, que introduce nuevos instrumentos fiscales como un impuesto a los envases de plástico no reutilizables y a la incineración y al depósito de residuos en vertedero. La futura normativa, que reemplazará la ley vigente de 2011, tiene por objeto reducir el impacto de determinados productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente, con especial atención al medio acuático, además de regular el régimen jurídico de la descontaminación de suelos.
De acuerdo con el principio de quien contamina paga, el texto establecerá nuevos impuestos, uno de ellos a los envases de plástico no reutilizables, a razón de 0,45 euros por kilogramo, y otro al depósito en vertedero e incineración, que podrá oscilar entre 1,5 euros a 40 euros por cada tonelada métrica. Asimismo, incluirá entre sus propuestas la reducción del desperdicio alimentario en, al menos, un 20% en 2030 respecto a 2020, con medidas como el fomento de las donaciones y otras vías de redistribución alimentaria.
Prevé también entre otras medidas reducir para 2030 un 15 por ciento de los residuos que los ciudadanos generaban en 2010, con una reducción a la mitad del residuo alimentario en hogares, e incrementar las tasas de residuos municipales en 5 puntos porcentuales cada 5 años desde 2020, hasta alcanzar el 65% en 2035.
La ley abordará también otras cuestiones como la prohibición de la destrucción de excedentes no perecederos, el fomento del consumo de agua potable, los bares y restaurantes quedarán obligados a ofrecer siempre agua de grifo, la obsolescencia prematura y la recogida separada de bioresiduos en 2022 para entidades locales con mas de 5.000 habitantes y en 2024 para las demás.
