Gobierno asturiano achaca el ERE de Santa Bárbara a mala política industrial

Oviedo, 14 feb.- El consejero de Economía y Empleo del Principado de Asturias, Graciano Torre, ha achacado a la "desgraciada política industrial" del Gobierno central el plan de reestructuración anunciado hoy por la empresa armamentística Santa Bárbara Sistemas.

Esta empresa, filial de la multinacional General Dynamics, prevé reducir su plantilla en unos 700 trabajadores, casi el 50 por ciento.

La empresa, que cuenta con unos 1.600 empleados y que contempla además el cierre de la factoría de A Coruña "por su falta de viabilidad", prevé que esta reducción afecte a los centros de trabajo de Madrid, Trubia (Asturias) -que recientemente se fusionó con la planta de Oviedo-, Granada y Sevilla.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento asturiano, Torre ha señalado que, a la espera de conocer "en profundidad" la propuesta de Santa Bárbara, esta decisión tiene su origen en la suspensión del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa para la construcción de 178 tanques del modelo Pizarro.

Según el consejero asturiano, la empresa tiene prácticamente terminados 122 de estos vehículos y ahora ha recibido la orden de no producir más y que el Ministerio les pagará los ya construidos.

Esta circunstancia, unido al aplazamiento de otros contratos con países como Emiratos Árabes o Arabia Saudí, deja a la empresa armamentística "total y absolutamente sin carga de trabajo".

A juicio de Torre, esta situación es "una desgraciada muestra más" de la política industrial, económica y de empleo del Gobierno central "que se quiere cargar la minería y ahora el sector armamentístico".

Para el titular de Economía del Principado, el Gobierno puede alegar las dificultades económicas derivadas de la crisis "pero las cosas se pueden cortar de cuajo o prolongarlas en el tiempo gastando menos y buscar otro tipo de soluciones".

La medida anunciada por Santa Bárbara incluirá también regulaciones temporales de empleo en algunas fábricas para cubrir la fase de menor actividad prevista entre 2013 y 2015 que hoy han sido comunicadas a los sindicatos para iniciar así el preceptivo periodo de consultas, que tiene una duración máxima de 30 días.