Gobierno canario contrario a que se aumente zona militar en Fuerteventura

Santa Cruz de Tenerife, 9 may.- El Gobierno de Canarias iniciará acciones legales contra la orden del Ministerio de Defensa por la que se incrementa la zona de seguridad de acuartelamiento "Teniente Coronel Valenzuela" en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha criticado que el Estado ha actuado una vez más "a través de la imposición, sin consenso y con medidas que perjudican claramente el desarrollo económico y social y de las islas".

Para el Gobierno canario, la decisión de ampliar la zona de seguridad supone una "enorme traba" al progreso de la capital de Fuerteventura al añadir nuevos condicionantes a la actividad normal que se debería poder desempeñar en un núcleo urbano.

Además recuerda que el Plan Insular de Fuerteventura vigente establece, entre otras previsiones, la ejecución de una nueva vía que, como consecuencia de la delimitación de la nueva zona de seguridad, resulta directamente afectada, a pesar de que este planeamiento fue sometido en su tramitación a los informes sectoriales exigibles, entre ellos al Ministerio de Defensa.

El Gobierno canario recuerda que la ley que regula las zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional determina que se establecerá indemnización o en su caso compensación por los perjuicios derivados de las servidumbres o limitaciones impuestas.

Según ha comentado el portavoz del Gobierno, la falta de diálogo e información por parte del Estado hace que en estos momentos se desconozca si la zona de seguridad en cuestión cuenta con la aprobación por parte del Consejo de Ministros.

Ha añadido que el acuartelamiento "Teniente Coronel Valenzuela" fue inaugurado en el mes de abril de 1980 para acoger a los integrantes del III Tercio Don Juan de Austria de la Legión, pero en la actualidad las instalaciones no cumplen funciones de acuartelamiento de tropa.

El Gobierno autonómico entiende que la orden del Ministerio de Defensa es nula al contravenir el reglamento que desarrolla la Ley y que obliga a comunicar a los ayuntamientos y a los propietarios de los terrenos afectados por la ampliación de la zona de seguridad así como a la administración autonómica y al cabildo insular.

El Ejecutivo canario insiste que el Estado ha actuado sin diálogo "y sin el más mínimo interés por conocer la opinión del resto de representantes de los ciudadanos, aun cuando son los responsables de planificar el desarrollo global del municipio y de la isla de Fuerteventura".