Bogotá, 26 oct.- El Gobierno colombiano pidió hoy a la Fiscalía hacer claridad e investigar a los responsables de haber incrementado la cifra de víctimas de una famosa matanza en 1997 para cobrar indemnizaciones.
Es "sumamente grave que un país que está haciendo el esfuerzo para mejorar la causa de las víctimas vea con estupor cómo se abusa de esa causa por algunos sinvergüenzas que resuelven posar de víctimas cuando no lo son", dijo el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Esos responsables de crear "falsas víctimas", añadió el alto cargo, "tratan de conseguir para ellos, ilegítimamente, unos recursos".
Esguerra aludió este miércoles a la orden impartida el martes por la magistrada Teresa Ruiz, del Tribunal Superior de Bogotá, para investigar si hay "falsas víctimas" en la matanza de Mapiripán, en los Llanos Orientales, cometida en 1997 y que hasta ahora se consideraba que había dejado medio centenar de muertos.
Asimismo, la magistrada Ruiz pidió enviar copias de la investigación, una vez se realice, a la Cancillería para que comunique a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) las presuntas irregularidades en la acreditación de víctimas.
Por esa matanza, de la que ahora se podría deducir que dejó menos muertos de los que inicialmente se creía, la CorteIDH condenó al Estado colombiano y ordenó indemnizar a las familias de 40 víctimas.
La magistrada Ruiz igualmente ordenó pedir a la Procuraduría y a la Contraloría (tribunal de cuentas) que investigue posibles anomalías por parte de funcionarios y entidades oficiales, o particulares, que intervinieron en la identificación de víctimas y avalaron los daños y perjuicios ocasionados a estas.
También solicitó al Ministerio de Defensa cesar los pagos a los afectados por la matanza, atribuida a facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El ministro Esguerra consideró hoy que con situaciones así se ha comprometido el prestigio de Colombia y de su sistema de administración de justicia, y advirtió de sanciones a los responsables de ello.
"Las acciones penales las tiene que iniciar la Fiscalía, que es a la que le corresponde. Por supuesto, vamos a prestar todo el concurso y todo el apoyo del Gobierno que sea necesario y vamos a hablar muy duro a quienes son responsables de esto", anunció Esguerra.
Asimismo, advirtió de que esas acciones alcanzarán "no solamente a quienes posaron de víctimas sin serlo, sino muy especialmente a quienes han venido asesorando a estas personas".
Para el alto cargo, con este hecho se cometieron delitos graves como fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
"Las víctimas que reclamaron de manera indebida, lo primero que hay que decir es que no son víctimas. Habrá que proceder como corresponde, iniciando las acciones penales, porque el Estado tiene que ir con todo", insistió Esguerra.
Finalmente, Esguerra indicó que "a través de la Cancillería habrá que hacer llegar la voz del informe que hay que darle a la CorteIDH con las explicaciones correspondientes".
"Ellos (magistrados del tribunal interamericano) por supuesto procedieron en cumplimiento de su deber, procedieron de buena fe y eso lo tenemos que respetar", puntualizó Esguerra.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, a su turno, dijo que celebraba que la Fiscalía "finalmente, de una manera muy rigurosa, pueda hacer claridad sobre estos procesos y sobre quiénes, realmente, han sido las víctimas de esta masacre".
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