Carlos Arrazola
Guatemala, 5 oct.- El Gobierno de Guatemala rechazó hoy su responsabilidad en la muerte de seis campesinos y las heridas a 34 más, durante un confuso enfrentamiento ocurrido el jueves entre pobladores de comunidades del oeste del país y miembros del Ejército, a pesar de las evidencias que implican a los militares.
El ministro guatemalteco del Interior, Mauricio López Bonilla, aseguró a los periodistas que ninguno de los soldados involucrados en el hecho disparó en contra de los manifestantes, sin embargo, reconoció que "algunos" de los militares que protegían el contingente portaban armas de fuego.
López Bonilla reconoció que en el lugar del enfrentamiento han sido encontradas ojivas de fusil Galil calibre 5.56 similar a los que utilizan las Fuerzas Armadas, así como de escopeta calibre doce.
"Estamos viendo un resultado preliminar (de estas dos armas) pero debemos esperar la investigación de las partes correspondientes", indicó el ministro.
Según López Bonilla, los pobladores "provocaron" a los soldados sin lograr que éstos reaccionaran, mientras que el ataque en contra de los manifestantes habría provenido de "un civil" que disparó desde un camión que circulaba cercano a los dos vehículos donde se transportaba el contingente de militares.
Sin embargo, las evidencias hasta el momento conocidas, divergen de la versión oficial: fotografías publicadas por medios locales, captadas en el lugar y momento de los hechos, muestran a un soldado con fusil en mano en posición de ataque, y el testimonio de los supervivientes señala a los militares de haber disparado "de forma indiscriminada".
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, dijo a los periodistas que "aún no se puede responsabilizar a nadie" de la matanza, debido a que "los hechos aún son confusos" y no se han concluidos las investigaciones.
De León confirmó la muerte de seis campesinos, así como 34 heridos, 30 por arma de fuego y cuatro por gases lacrimógenos, así como la destrucción de un camión militar y otro comercial.
Diversas organizaciones sociales, encabezadas por la premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú, han condenado la matanza y exigido una "investigación independiente" de lo ocurrido para llevar ante la Justicia a los responsables.
La Fundación que lleva el nombre de Menchú anunció que se constituirá en "querellante adhesiva" para evitar que los crímenes cometidos por el Ejército no queden en la impunidad.
Por aparte, el Comité de Desarrollo Campesino, integrado por decenas de organizaciones de labriegos, responsabilizó al gobierno "de mano dura" del general retirado Otto Pérez Molina, al que exigió retirar de las acciones de seguridad pública a los miembros del Ejército.
Mientras tanto, en la plaza central de la ciudad de Totonicapán, a 150 kilómetros al oeste de la capital, miles de enfurecidos pobladores rinden homenaje póstumos a los seis fallecidos, y a gritos exigen justicia por la matanza.
Aunque el presidente del consejo departamental de alcaldes comunitarios de Totonicapán, Gilberto Pérez Gómez, pidió a los pobladores mantener la calma y evitar provocaciones, personas no identificadas han amenazado a los periodistas y les han exigido que abandonen el lugar.
Pérez Gómez aseguró que las manifestaciones que generaron los incidentes, las cuales se iniciaron a primeras horas del jueves, fueron pacíficas y que ninguno de los pobladores se encontraban armados.
Cientos de vecinos de los 48 cantones de Totonicapán bloquearon seis diferentes pasos en la carretera Interamericana, al oeste del país, para forzar al Gobierno a que escuchara sus peticiones.
Los manifestantes rechazaban las reformas a la Constitución promovidas por el presidente Pérez Molina, así como la modificación del plan de estudios de la carrera de maestros, y exigían una reducción en las tarifas del servicio de la energía eléctrica que es prestado por una empresa privada.
En la investigación de la matanza, además de las autoridades judiciales del país, participarán la Procuraduría de los Derechos Humanos y expertos de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. EFE
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