Managua, 31 may.- El ministro nicaragüense de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo hoy que el Ejecutivo ha pedido al Parlamento que sancione con prisión a las personas que alteren medidores de energía eléctrica, o bien se conecten de forma ilegal, como un "mensaje" para que la población no robe electricidad.
"El principal mensaje que le queremos mandar al país en el tema del servicio eléctrico público de energía, (es) que hay que poner algunas normas que establece el Código Penal", explicó a periodistas el funcionario.
El Ejecutivo propuso un paquete de reformas en materia energética, que incluye una enmienda al Código Penal para tipificar como delito esas prácticas, y penalizarla con cárcel, que envió con carácter urgente al Parlamento, que aún no la discute.
En la actualidad las personas que alteran medidores o se conectan ilegalmente a una red de electricidad son castigadas por vías administrativas.
Con la propuesta del Ejecutivo, el robo de electricidad se castigará con multas y hasta tres años de cárcel.
La iniciativa contempla multas de entre 100 y 300 días laborales, que, basados en el salario mínimo promedio, pueden estar entre los 1.500 dólares y los 46.500 dólares, de acuerdo con el proyecto.
Según el tercer vicepresidente de la junta directiva del Congreso, el opositor Wilfredo Navarro, esas sanciones "afectarán a miles de nicaragüenses" por lo que el Gobierno de Daniel Ortega "tendrá que habilitar los estadios como cárceles para poder cumplirla".
Esa propuesta cuenta con el respaldo del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal cúpula empresarial de Nicaragua.
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