Madrid, 16 jul.- El Gobierno ha avalado la legalidad de las resoluciones del Ministerio del Interior que ha desestimado solicitudes de indemnización de víctimas de los GAL por ser personas o familiares de fallecidos que fueron miembros de ETA o estuvieron relacionados con organizaciones ilegalizadas por apoyar a la banda.
En una respuesta al diputado de Amaiur Jon Iñarritu, el Ejecutivo explica que entre las numerosas peticiones recibidas tras la entrada en vigor de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo figuran varias de indemnización de dichas personas que fueron objeto de acciones perpetradas por grupos como el GAL, el Batallón Vasco Español y la propia ETA.
Añade que el Ministerio del Interior ha resuelto de forma desestimatoria dichas solicitudes motivando tal denegación en la pertenencia de las víctima a ETA o a las organizaciones ilegalizadas por su estrecha vinculación con la banda terrorista.
El Gobierno explica que estas resoluciones se han dictado de conformidad con la normativa, que establece el sometimiento a los principios previstos en el convenio sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos del Consejo de Europa.
Este convenio señala que "se podrá reducir o suprimir la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos".
Aclara que por tanto las resoluciones dictadas no entran a valorar la condición de víctimas del terrorismo de los solicitantes sino que vinculan el derecho a percibir la cantidad indemnizatoria al cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa.
El Ejecutivo asegura que se trata de un sistema legal que garantiza los principios y derechos constitucionales basado en unos requisitos y un procedimiento objetivos e igualitarios, "que en ningún caso podría suponer la clasificación de las víctimas según criterios ideológicos ni ningún tipo de actuación arbitraria o discriminatoria".
Asimismo, entiende que no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva pues las resoluciones denegatorias se pueden recurrir en los juzgados y de hecho muchos interesados ya lo han hecho.
El Gobierno concluye que han sido indemnizadas 6.045 víctimas del terrorismo bajo las distintas normativas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios