Gobierno fija un tope para financiar la justicia gratuita que CCAA ven escaso

Madrid, 16 dic.- El Gobierno ha propuesto hoy un tope para financiar el sobrecoste de la asistencia jurídica gratuita con dinero procedente de las tasas judiciales, que las comunidades autónomas en general han considerado insuficiente.

Esta es una de las cuestiones que se han tratado en la conferencia sectorial, que ha presidido el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ante la ausencia del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, convaleciente del accidente doméstico que sufrió ayer en el que se rompió dos costillas.

El Ministerio se ha comprometido a asumir con cargo a lo recaudado con las tasas judiciales el sobrecoste que les supondrá a las comunidades la aplicación de la nueva ley de asistencia jurídica gratuita.

Para garantizar una aplicación equitativa de la norma se prevé un incremento máximo de la aportación de cada comunidad y como referencia se toma la variación media de aquellas que no tienen transferidas las competencias de justicia (estimado en el 0,47 por ciento) y se establecerá que las aportaciones que reciba el resto pueden alcanzar hasta el triple de ese porcentaje de variación (1,41 por ciento).

En la reunión de hoy han participado los consejeros de las comunidades con competencias transferidas, que son País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja.

Durante el encuentro los representantes ministeriales han aclarado que la justicia gratuita ya fue financiada en el momento en el que se produjeron las transferencias por lo que el Ministerio estima que cualquier aportación indiscriminada implicaría doble financiación.

El aumento del coste de justicia gratuita se ha producido al elevarse los umbrales dentro de los que se puede solicitar este servicio y al haber incorporado a colectivos de víctimas especialmente vulnerables con independencia de su renta, todo ello provocado por el decreto de 22 de febrero que modulaba la cuantía de las tasas y adelantaba la entrada en vigor de las novedades de la ley de asistencia jurídica.

A lo largo de 2014 se recibirán y se analizarán los datos de las comunidades correspondientes a 2013 y en la ley de presupuestos generales del Estado para 2015 se recogerán los importes que se tendrán que abonar a cada una.

Por otra parte, el Ministerio ha comunicado la aprobación en el primer semestre del año próximo del Consejo Médico Forense, que asesorará a juzgados, tribunales y fiscalías sobre la pericia más adecuada en cada caso, y se ha informado del objetivo para esta legislatura de instaurar ya la nueva oficina judicial en Melilla, Palma de Mallorca, Plasencia y Ponferrada.

También se ha acordado en la reunión la futura reorganización del mapa judicial y al respecto el secretario de Estado ha asegurado que aunque se tenderá a una mayor concentración de jueces en grandes poblaciones, las comunidades no deben tener preocupación tras las inversiones de sedes que ya han realizado ya que el Gobierno va a contar con su opinión.

El consejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha adelantado tras la reunión que su Gobierno regional solicitará la derogación de la ley de tasas judiciales si el Ministerio de Justicia no articula una propuesta "satisfactoria" para garantizar que la recaudación de 313 millones de euros prevista este año se dedica a la justicia gratuita.

El represente catalán, Germà Gordó, ha solicitado que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial posibilite la creación del Consejo Autonómico de Justicia y que la lengua catalana sea un requisito y no un mérito para jueces y fiscales destinados en esta comunidad.

El consejero vasco, Josu Erkoreka, ha criticado que los 313 millones de euros que el Gobierno ha recaudado hasta el 30 de noviembre con las tasas judiciales vayan a servir "para financiar los gastos del Ministerio de Justicia y que solo, de manera adicional, puedan financiar la justicia gratuita".

Los de Andalucía, Emilio de Llera; Asturias, Guillermo Martínez, y Canarias, Francisco Hernández Spínola, han censurado la propuesta "cicatera" del Gobierno para financiar la justicia gratuita con cargo a las tasas judiciales y han alertado que la nueva planta judicial podría vulnerar estatutos de autonomía.

Los consejeros de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, y de Galicia, Alfonso Rueda, también han mostrado sus reticencias con el sistema de financiación para la justicia gratuita y con el posible nuevo mapa judicial planteados por el Ministerio.