México, 22 sep.- El presidente mexicano, Felipe Calderón, presentó hoy a la Cámara de Diputados una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales que reglamenta los juicios orales federales y busca garantizar los derechos de las víctimas de los delitos y la reparación de daños.
El proyecto de decreto fue entregado a la mesa directiva de la Cámara baja, que su vez lo remitió a las comisiones de Justicia, Presupuesto y Cuenta Pública, informó en un comunicado la Cámara de Diputados.
En la exposición de motivos de la iniciativa, publicada en la gaceta del órgano legislativo, el Ejecutivo destaca que tiene como meta adoptar un nuevo modelo procesal que transforme el sistema de justicia penal en el país, para establecer uno completamente oral acusatorio, de igualdad entre las partes y respetuoso de los derechos humanos.
El nuevo sistema de justicia debe dar "cabida a instituciones que protejan y garanticen la vigencia de los derechos de la víctima durante todo el procedimiento y faciliten y aseguren la reparación del daño", indica el Gobierno.
La reparación del daño y el reconocimiento de las víctimas del delito es una de las demandas principales de las organizaciones civiles en México, ante la violencia del crimen organizado que ha causado más de 40.000 muertes en el país desde diciembre de 2006, cuando llegó Calderón a la Presidencia.
"Se trata de un verdadero cambio de paradigma, que influye no sólo en los operadores del nuevo sistema o en los sujetos directamente involucrados en un conflicto penal; también lo hace en el ánimo de la sociedad", señala el documento.
Explica que en "la medida en que se reestructuren las instituciones, mejorará el desempeño de los operadores e intervinientes y disminuirán los márgenes de arbitrariedad en el ejercicio de las funciones procesales".
El Código establece las normas que deben seguirse en la investigación, imputación, acusación, juicio orales e imposición de las sanciones de los delitos que son competencia de los jueces y los tribunales federales.
Calderón promulgó en 2008 la reforma constitucional para pasar a un sistema de juicios orales, una medida que ya han tomado algunos estados mexicanos como el de Chihuahua.
La norma pretende que el sistema de justicia penal respete la igualdad entre las partes (víctimas del delito e imputado), parta de principios como el de presunción de inocencia, y que las pruebas se presenten frente a los tribunales y de cara al público.
Además, modifica la organización y el funcionamiento de los tribunales, la fiscalía federal, la Policía de Investigación, los servicios periciales y de la Defensoría Pública, entre otros.
La ley presentada hoy establece que en los casos de homicidio o secuestro se considerarán como víctimas también a los familiares, en un orden de prelación que empieza por el cónyuge, concubino y los parientes por consanguinidad.
A las víctimas se les aseguran más de 40 derechos, por ejemplo, el respeto a su intimidad y la protección de sus datos personales, contar con un abogado, que la policía le proporcione protección y auxilio inmediato y solicitar al juez "providencias precautorias para evitar intimidación o amenazas sobre su persona o de sus bienes".
Por su parte, los acusados tendrán ahora derecho a ser considerados y tratados como inocentes, a comunicarse con un familiar o con su defensor cuando sean detenidos.
Además, tiene derecho a "declarar o guardar silencio", lo cual no será utilizado en su perjuicio, y a que su defensor esté presente en el momento en que ofrezca su declaración, lo que actualmente no se respeta en el país.
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