Madrid, 7 jun.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que la abstención o recusación de un magistrado del Tribunal Constitucional (TC) es obligada cuando tiene que intervenir en asuntos sobre los que ya se han pronunciado, en alusión al nombramiento de Enrique López.
Así ha respondido Sáenz de Santamaría al ser preguntada en la rueda de prensa del Consejo de Ministros por la designación de Enrique López como magistrado del TC después de que éste interviniera y se pronunciara sobre numerosas leyes durante la etapa en la que fue vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Los magistrados propuestos para el TC tienen todos una amplia trayectoria política sobre sus espaldas" y han intervenido en la elaboración de informes o sentencias, ha dicho Sáenz de Santamaría, quien por ello ha defendido que "la abstención o recusación" está obligada por ley cuando tengan que fundamentar temas sobre los que se hayan pronunciado con anterioridad.
En este sentido, ha aludido al caso del magistrado Pablo Pérez-Tremps, uno de los magistrados cuyo mandato ha expirado, que fue recusado por el PP en la tramitación del recurso contra el Estatuto de Cataluña por haber realizado unos informes para la Generalitat.
La número dos del Ejecutivo ha negado cualquier politización en el nombramiento de los magistrados y ha recordado que el Gobierno lo que ha hecho es el procedimiento previsto por la Ley Orgánica del TC, que contempla la renovación por tercios del tribunal entre el Congreso, Senado, el CGPJ y el Ejecutivo.
Además, ha insistido en que la recusación y la abstención garantizan la neutralidad y la independencia en un proceso en los tribunales y también en la administración.
Sobre la filosofía que ha orientado al Gobierno para designar a Enrique López y Pedro González-Trevijano nuevos magistrados del TC, Sáenz de Santamaría ha explicado que tanto el Ejecutivo como el CGPJ han tenido en cuenta la composición del tribunal y el equilibrio a la hora de lograr que sus miembros pertenezcan a distintas disciplinas.
Así, entra un penalista -Enrique López- y un jurista -Gónzalez Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional, además de los magistrados del Supremo elegidos por el órgano de gobierno de los jueces -Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez Vares-, que completan el tribunal con su experiencia en el Derecho Civil y Administrativo, respectivamente.
La vicepresidenta ha calificado de "positivo" el haber cumplido los plazos para la renovación del alto tribunal a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, así como la coordinación entre el CGPJ y el Gobierno en los nombramientos.
En este sentido, ha agradecido esa coordinación y "colaboración institucional" al órgano de gobierno de los jueces, que ha servido para lograr la renovación cumpliendo "escrupulosamente" lo que marca la ley.
Por último, Sáenz de Santamaría ha desvinculado los nombramientos del TC y el trabajo del tribunal de los planes del Ejecutivo respecto a la Ley del Aborto, y ha dicho que el Gobierno trabaja en una reforma que ya ha sido anunciada y no entra "en el reparto ni en el despacho de asuntos del tribunal" que es quien establece su agenda.
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