Gonzalo pascual asegura que el dinero de los clientes de marsans se utilizó para tratar de salvar a la compañía

El antiguo presidente de Viajes Marsans, Gonzalo Pascual, socio del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, aseguró hoy en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que el dinero de los clientes se utilizó exclusivamente para tratar de salvar la empresa, que finalmente entró en quiebra por falta de financiación bancaria.
El magistrado imputa a Pascual y Díaz Ferrán un delito de apropiación indebida, en concreto de 4,4 millones de euros procedentes del Grupo Marsans. Pascual aseguró ante Pedraz que la sociedad funcionó correctamente hasta los primeros meses de 2010, cuando empezaron a tener dificultades para acceder a la financiación bancaria, según explicaron fuentes jurídicas.
El expresidente de Viajes Marsans afirmó que todo el dinero de las reservas de los viajeros fue destinado a pagar las deudas contraídas con los proveedores y con la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).
Pascual dijo además ante el juez que él y Díaz Ferrán se apartaron completamente de la gestión de la compañía en junio de 2010, cuando, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos pendientes, decidieron venderla a Ángel de Cabo, experto en empresas en dificultades.
ANTIGUO ELECTRICISTA
El nuevo administrador de la sociedad, Iván Losada, también declaró hoy como imputado ante el juez Pedraz. A preguntas del fiscal encargado del caso, Daniel Campos, Losada explicó que antes de trabajar con De Cabo su profesión era la de “electricista” y dijo que su finalidad en Marsans siempre fue reflotar la compañía.
La abogada de Losada, Amparo Zapico, explicó tras la declaración que pedirá el sobreseimiento de la imputación de su cliente.
La ronda de declaraciones continúa este miércoles con la comparecencia como imputado de Díaz Ferrán. El jueves declararán como testigos el antiguo subdirector general corporativo de Viajes Marsans Vicente Muñoz Pérez y la antigua responsable de auditoría interna de la empresa Rosario Gil López.
Esta causa fue abierta el pasado 3 de febrero, cuando el juez Pedraz decidió admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el expresidente de la CEOE y sus socios. El magistrado concluyó que la Audiencia Nacional es competente en el caso, porque “se trata de un delito de defraudación que afecta a una pluralidad de perjudicados en el territorio de más de una audiencia”. Pedraz señaló que la defraudación presuntamente cometida por Díaz Ferrán y sus socios habría afectado a “al menos 4.706 perjudicados”.