En un auto fechado el 17 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Patricia Fernández Franco rechaza así la solicitud de la defensa del alcalde, que pidió la nulidad de la grabación en soporte CD que, aportada junto con la denuncia inicial, dio origen a la causa, así como de la transcripción de dicha conversación que figura en el procedimiento y demás pruebas obtenidas a raíz de la misma.
La juez recuerda en este sentido los distintos casos en los que los actos procesales son nulos de pleno derecho y precisa que, en el caso concreto del alcalde de La Algaba, "no concurre ninguna causa que pueda determinar la nulidad denunciada".
En este sentido, la instructora pone de manifiesto que la cuestión sobre la validez de la grabación aportada como prueba en juicio "ha sido definitivamente resuelta" en sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2014, según la cual "no hay secreto para aquel a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Constitución la retención, por cualquier medio, del contenido del mensaje".
La juez recuerda que, según dictaminó el Supremo en esta sentencia, "dicha retención (la grabación en este caso) podrá ser, en muchos casos, el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aún considerando el problema desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Otro tanto cabe decir, en el presente caso, respecto de la grabación por uno de los interlocutores de la conversación telefónica".
Asimismo, y según la sentencia del Supremo, "el acto de la grabación por uno de los interlocutores de la conversación no conculca secreto alguno impuesto por el artículo 18.3 y tan sólo, acaso, podría concebirse como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado".
La juez considera que, por todo lo anterior, "no cabe duda" de que en el caso del alcalde de La Algaba "no se vulneró el derecho al secreto de las comunicaciones, toda vez que la conversación fue grabada por uno de los interlocutores que intervinieron en la misma".
MANTIENE SU DECLARACIÓN COMO INVESTIGADO
Por ello, rechaza la nulidad solicitada por el primer edil y mantiene las declaraciones como investigados fijadas para los próximos días 22 y 23 de septiembre tanto de Diego Manuel Agüera como de otras tres personas relacionadas con el contrato en cuestión, y ello "sin perjuicio de las valoraciones que a lo largo de esta instrucción puedan hacerse sobre la posición procesal del denunciante, debiendo éste a través de su representación legal efectuar las alegaciones que correspondan sobre su legitimación" en la causa.
Para finalizar, recuerda al alcalde de La Algaba que "por indefensión constitucionalmente relevante sólo puede entenderse la situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, el órgano judicial en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando, bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, bien de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción, produciendo un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa".
En un auto dictado el día 18 de julio, la juez imputó al alcalde y a otras tres personas, relatando que, con relación a la investigación por presuntas "irregularidades" en la contratación de determinadas partidas por parte del Ayuntamiento, se aprecian "indicios" de posibles delitos de prevaricación y malversación con relación a una de estas adjudicaciones.
En concreto, la juez se refiere a la adjudicación para la adquisición de dotación y equipamientos y bienes inventariables correspondientes al año 2010, financiada con cargo a una subvención otorgada por la Diputación de Sevilla, el 13 de agosto de 2010, resolviendo la adjudicación de una subvención a favor del Consistorio para la adquisición de diez carros de basureros y un equipo de baldeo móvil.
La juez dice que, de los términos de la investigación efectuada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "se desprende que dicha contratación pudo hacerse con fines de enriquecimiento de la empresa" de la que eran titulares dos hermanas a las que cita como investigadas "tras haberlo ofrecido verbalmente al padre de éstas, aún suponiendo ello mayor coste para el Ayuntamiento tal y como se desprende de determinados extremos de la grabación" que dio inicio a la causa y que aparece transcrita en el atestado de la UCO.
PERJUICIO PARA LAS ARCAS PÚBLICAS
Al hilo de ello, destaca cuestiones como "la inmediatez con la que se amplía el objeto social" de la entidad Materiales de Construcción Romecan S.L., "el hecho de que ya antes se le hubiera ofrecido esta partida de contratación si su objeto social no incluía esta materia", o las "irregularidades en la entrega de los carros, la falta de justificación y contradicciones de quienes han declarado hasta la fecha sobre el número de unidades realmente entregadas y el eventual sobrecoste vinculado a esta operación".
La juez citó como investigados al alcalde y a otras tres personas "a efectos de garantizar su legítimo ejercicio del derecho de defensa y propiciar un completo esclarecimiento de esta operación que pudo generar un perjuicio para las arcas públicas, teniendo en cuenta que la adquisición de hizo con fondos procedentes de una subvención de la Diputación Provincial y que, a día de hoy, no consta de forma fidedigna si los carros llegaron a entregarse en su totalidad o no".
De su lado, el alcalde ya reconoció ser el autor de las declaraciones grabadas pero las encuadró en una conversación derivada de un conflicto político con el entonces marido de la militante, asegurando que todas las contrataciones municipales están "bajo el paraguas de la legalidad", mostrando su "arrepentimiento" y pidiendo "perdón" por sus palabras.
Hay que recordar que, a principios del presente año, trascendió una información en torno a una grabación sonora en la que el alcalde de La Algaba trasladaría a una empleada municipal y militante socialista que "aquí se está a los pies del PSOE", señalando que "se le dio (un contrato municipal al padre de esta militante del PSOE) porque me salió a mí de la polla" y que "hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre".
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