Madrid, 3 nov.- Los grandes empresarios españoles propusieron hoy llevar a cabo nuevas reformas para reducir el desempleo, de modo que se creen 2,3 millones de puestos de trabajo hasta 2018.
Esos grandes empresarios, agrupados en el Consejo Empresarial por la Competitividad (CEC), pretenden de ese modo que la tasa de desempleo baje hasta el 14,3 por ciento en 2018, cuando en la actualidad está en el 24 por ciento, con 5,4 millones de desempleados.
El presidente de Telefónica y presidente del CEC, César Alierta, presentó hoy el informe "España 2018" y aseguró que la lucha contra el fraude laboral podría crear más de 800.000 empleos y reducir la tasa de desempleo en otros 3,6 puntos porcentuales.
El aumento de la dimensión de las empresas supondría la reducción de 4,2 puntos en la tasa de desempleo, mientras que una reforma educativa rebajaría la cifra en casi un punto.
Asimismo, la mejora de la economía del conocimiento, la sostenibilidad energética y una mayor fluidez financiera aportarían una reducción de casi dos puntos en la tasa de desempleo.
Para el CEC la recuperación de la economía española es constante y sus previsiones son que el PIB crezca el 1,3 % este año y el 2 % en 2015.
Algunas de las medidas que propone el informe son aumentar el tamaño de las empresas y su internacionalización, así como reformas educativas y en política energética sostenible.
El director del CEC, Antonio Casado, indicó que la lucha contra la economía sumergida, que actualmente ronda el 23 % del PIB, supondría un ahorro fiscal del 1 %.
Casado abogó por aumentar el número de inspectores y llevar a cabo una política homogénea contra el fraude fiscal en todo el país.
El informe plantea como objetivo aumentar en 15.000 las empresas medianas en España hasta 2018.
De ser así, la productividad crecería un 15 % y el empleo neto en 400.000 puestos de trabajo.
Asimismo, el documento del CEC pide un ajuste fiscal "más ambicioso" sin penalizar el crecimiento, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la deuda.
Para ello propone reducir la deuda pública por debajo del 90 % del PIB con una mejor gestión del patrimonio público, acometer procesos de externalización y subcontratación, o aplicar "sin retrasos" una reforma del sistema de pensiones.
El proyecto de Presupuestos del Estado para 2015 prevé que la deuda alcance el 100,3 % del PIB.
En cuanto al sistema financiero, las grandes empresas piden incentivos fiscales al ahorro, fuentes de financiación alternativas, como las titulizaciones o un uso más eficiente de la financiación pública.
También habría que recuperar la inversión pública en infraestructuras, según las grandes empresas, ya que se está depreciando el excedente de capital que tienen las empresas.
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