Guardia Civil investiga en Melilla presuntos delitos de malversación y fraude

  • La Guardia Civil está investigando en Melilla presuntos delitos de malversación, fraude, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental en el seno de la Administración autonómica, relacionados con la adjudicación de contratos menores a distintas empresas.

Melilla, 27 feb.- La Guardia Civil está investigando en Melilla presuntos delitos de malversación, fraude, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental en el seno de la Administración autonómica, relacionados con la adjudicación de contratos menores a distintas empresas.

Según han informado hoy a Efe fuentes judiciales, los registros por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en concreto del Grupo de Delitos contra la Administración, se prolongaron durante toda la jornada de ayer, hasta entrada la madrugada, y en ellos se recabó abundante documentación.

En concreto, los agentes intervinieron en siete áreas del Gobierno melillense -Medio Ambiente, Bienestar Social, Festejos, Cultura, Seguridad Ciudadana, Contratación y Economía- así como en las sedes de tres empresas, Himosa, Hispanagua y Eulen, que trabajan para la Administración melillense.

En el caso de Hispanagua y Eulen, los registros no sólo se desarrollaron en las sedes de Melilla, sino que la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad también autorizó la entrada y registro de las sedes que estas empresas tienen en Madrid.

Además, se registraron tres domicilios particulares, el del consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig; el del director general de Gestión Económica de dicha consejería, José Pastor, y del empresario Abdelkader K, propietario de la empresa Reformas y Construcciones "El Porvenir", punto de partida la investigación.

Los tres fueron detenidos en septiembre y octubre de 2013 por la Guardia Civil, aunque la juez sólo decretó el ingreso en prisión del empresario, que fue puesto en libertad un mes después.

Hasta Melilla se desplazaron ayer para llevar a cabo las intervenciones de manera simultánea unos 60 agentes de la UCO, procedentes de Madrid, que permanecieron en las dependencias públicas más de catorce horas.

Muchas de las sedes intervenidas tuvieron que cerrarse al público, ya que los servidores fueron bloqueados, debido a que se autorizó también el volcado de los buzones de correos electrónicos corporativos y particulares de los titulares de los despachos, empresas, consejerías y domicilios autorizados.

Ello conllevó distintas disfunciones, como la imposibilidad de obtener un certificado de empadronamiento.

Tampoco los empleados públicos de la Ciudad Autónoma han podido hoy recibir en sus cuentas bancarias su sueldo del mes, ya que, debido a la intervención de la Guardia Civil, no se pudieron autorizar las transferencias de las nóminas.

el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se ha mostrado tranquilo y ha dicho no entender el motivo del amplio despliegue realizado por la Guardia Civil.

Imbroda ha señalado que en el auto en el que se ordena el registro de las dependencias públicas se alude a "generalidades", por la presunta comisión de delitos, pero no se alude a quién ni cómo se han cometido presuntamente.

El presidente se ha quejado de la "lentitud" de la justicia, ya que la operación se inició en septiembre y podría prolongarse en el tiempo.

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