Hazare inicia otra huelga de hambre para presionar contra la corrupción india

Igor G. Barbero

Nueva Delhi, 27 dic.- El septuagenario activista gandhiano Anna Hazare retomó hoy su desafío al Gobierno indio con una nueva huelga de hambre para exigir que se refuerce una ley anticorrupción que el Parlamento comenzó a debatir hoy.

Hazare inició el ayuno en la ciudad occidental de Bombay, acompañado de varios de sus ayudantes, y lo continuará durante tres días en un complejo de la autoridad municipal de desarrollo ubicado en el noroeste de esta localidad.

El activista, que llegó al recinto en torno al mediodía en un camión, fue agasajado por las masas en el trayecto tras rendir homenaje ante una estatua del padre de la independencia india, "mahatma" Gandhi, en la playa de Juhu de la portuaria metrópoli.

"No nos hemos reunido aquí para oponernos al Parlamento sino para demandar una ley fuerte. Es el Gobierno el que ha traicionado al Parlamento", dijo Hazare a los miles de seguidores que se congregaron en Bombay, según la agencia IANS.

Según la agencia oficial PTI, las autoridades han desplegado en la zona 2.000 agentes y 200 subinspectores de la policía así como importantes contingentes de otros cuerpos de las fuerzas de seguridad.

A la lucha de Hazare se han unido manifestantes en diversos puntos del país, como la capital, Delhi, aunque las televisiones indias también han ofrecido imágenes de algunos grupos de personas que muestran banderas negras en su contra.

El activista había instado ayer a protestar de manera pacífica sin recurrir a "métodos violentos".

A lo largo de 2011, Hazare ha puesto en jaque en dos ocasiones por el mismo motivo al Ejecutivo central con huelgas de hambre en Nueva Delhi -en abril y agosto- que fueron secundadas por varios miles de personas.

El borrador de la conocida como Ley Lokpal fue aprobado el pasado día 20 por el Gobierno y luego presentado en el Parlamento nacional, donde hoy los diputados comenzaron a debatirlo.

El Ejecutivo pretende someter a votación el borrador esta misma semana, aunque algunos de los aliados gubernamentales y el principal partido de la oposición, el hinduista Bharatiya Janata Party (BJP), han mostrado su rechazo por el texto.

La portavoz del BJP, Suhsma Swaraj, afirmó hoy que el proyecto de ley es "débil" e instó al Gobierno a modificarlo o devolverlo al comité parlamentario permanente.

A media tarde, el primer ministro indio, Manmohan Singh, dijo estar abierto a renegociar ciertas cláusulas de la legislación y prometió que ésta "reflejará el sentir del Parlamento".

La Lokpal, una antigua reivindicación, contempla la creación de un organismo defensor del pueblo en el Estado y las regiones con capacidad de investigar de manera preliminar casos de corrupción entre figuras públicas, incluido el propio jefe de Gobierno.

Pero Hazare, cuyo equipo ha negociado durante meses los puntos de la ley, ha denunciado la poca capacidad ejecutiva del citado organismo, que no tiene potestad para controlar a pequeños funcionarios ni al Buró de Investigación Central (CBI).

El CBI es en la práctica el encargado de realizar las pesquisas sobre los más importantes escándalos de corrupción que afectan al país y presentar cargos contra los supuestos responsables.

Hazare ha declarado que tras su ayuno de tres días se desplazará a Delhi para protestar frente a la residencia de la líder del gubernamental Partido del Congreso, Sonia Gandhi.

También ha pedido a sus seguidores que se unan a él en un movimiento de desobediencia civil, "Jail Bharo" (llenar las cárceles, en hindi), para el que por el momento se han apuntado unas 130.000 personas, según el rotativo indio The Hindu.

La corrupción es percibida en la India como uno de los problemas más graves y, según una encuesta difundida este año, la mayoría de los indios cree que su Gobierno es corrupto (60 %) y apoya a los activistas que luchan contra esta lacra.

En el Tribunal Supremo está en marcha el juicio contra los responsables del mayor escándalo de corrupción en el país en los últimos años, relativo a la concesión fraudulenta de licencias de telefonía móvil, que podría haber ocasionado al erario público unas pérdidas de hasta 40.000 millones de dólares.