Hollande quiere acabar con el tribunal especial para ministros y exministros

París, 25 jun.- El presidente francés, François Hollande, afirmó que pretende acabar con el Tribunal de Justicia de la República, una jurisdicción especial destinada a los ministros y exministros por delitos cometidos durante su estancia en el Gobierno.

En declaraciones al vespertino "Le Monde", el jefe del Estado destacó la necesidad de "acabar con una jurisdicción de excepción" destinada a los miembros del Ejecutivo.

Creado en 1993 con motivo de las acusaciones contra varios miembros del Ejecutivo por el llamado caso de la sangre contaminada, el Tribunal de Justicia de la República tiene actualmente entre manos dos casos.

El más antiguo es el llamado "caso Karachi", que investiga el pago de comisiones para la venta de armamento a Pakistán y en el que están implicados el ex primer ministro Edouard Balladour (1993 y 1995) y su ministro de defensa François Leotard, además de otras personas procesadas por la justicia ordinaria.

Además, el Tribunal de Justicia de la República también instruye la causa contra la actual directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, por haber autorizado cuando era ministra francesa de Economía el pago de una indemnización al empresario Bernard Tapie.

Hollande señaló que la modificación de ese tribunal supone un cambio de la Constitución, lo que precisa de tres quintos de las dos cámaras reunidas conjuntamente, por lo que es necesario un gran consenso político.

En cualquier caso, el presidente señaló que la reforma no se afrontará antes de 2015 y que no tendrá carácter retroactivo.

En 2012, cuando todavía era candidato socialista a la Presidencia del país, Hollande prometió acabar con la jurisdicción especial para miembros del Ejecutivo, pero su reforma fue detenida en 2013 por falta de consenso político para afrontarla.

Este tribunal está formado por tres magistrados del Supremo, seis diputados y seis senadores elegidos por las cámaras, goza de poca popularidad en el país, donde se considera que en ocasiones entorpece el desarrollo de la justicia ordinaria.

En el "caso Karachi", los jueces instructores afirmaban tener "indicios graves y concordantes" contra Balladour y Leotard, a quienes no podía interrogar.

Algo similar sucede en la investigación sobre Lagarde, en la que el que fuera su jefe de Gabinete está procesado pero la exministra no ha comparecido ante los jueces de la sala financiera que instruyen la causa.