El Tribunal Supremo israelí decidió el miércoles, a la vista del degradado estado de salud de Allan tras casi sesenta días de huelga de hambre, suspender "por ahora" su detención sin inculpación y mantenerlo en cuidados intensivos.
Poco antes, sus médicos le habían inducido un coma artificial, indicó una portavoz del hospital Barzilai de Ashkelon (oeste de Israel), por lo que Allan ignora la resolución.
Los médicos habían dicho que Mohamed Allan parecía perder contacto con su entorno, y que su cerebro estaba afectado por la huelga de hambre, aunque no se refirieron a si esta condición era irreversible o no.
El detenido había salido el martes de un primer coma en el que cayó a finales de la semana pasada.
La más alta instancia judicial israelí también levantó la prohibición de visitas de allegados, pero dejaron en suspenso la duda de si Mohamed Allan será puesto de nuevo en la denominada detención administrativa si se recupera. Tan solo especificaron que el Estado se mostró dispuesto a liberarlo si hubiera sufrido daños irreversibles.
Esta decisión, vista como una salida provisional del punto muerto político y humanitario, supone una alegría para los padres de Allan, pero una frustración para muchos otros, tanto israelíes como palestinos, pues la controversia sobre la detención administrativa está más viva que nunca.
Allan, abogado de 31 años de Naplusa y defensor de los presos palestinos, se convirtió en el rostro de la lucha contra esta condición carcelaria, uno de los grandes combates palestinos. Detenido en noviembre de 2014, comenzó su huelga de hambre el 18 de junio.
Los motivos precisos de su detención nunca se han aclarado públicamente. La Yihad Islámica, organización considerada como terrorista por Israel, lo describe como uno de los suyos.
Uno de sus abogados, Jamil al Jatib, denunció en un comunicado que el palestino no se encontraría en esta situación si el Tribunal Supremo se hubiera pronunciado antes de encontarse "a las puertas de la muerte".
La detención administrativa, un régimen de encarcelamiento extrajudicial, permite a las autoridades israelíes detener a un sospechoso sin inculpación durante seis meses, renovables indefinidamente.
De los alrededor de 5.800 detenidos palestinos, unos 340 se encuentran en esta situación, según las autoridades israelíes, mientras que los palestinos los cifran en 450.
El Club de presos palestinos criticó una decisión que "elude la decisión que se debería tomar, la de liberarlo".
Su caso es un rompecabezas para las autoridades israelíes, a las que les preocupa no parecer que ceden a un chantaje y que el riesgo de que su eventual muerte desencadene una nueva escalada de violencia.
La discordia en torno a la decisión judicial llegó incluso al campo de Benjamin Netanyahu. La ministra Miri Regev, del partido Likud del primer ministro, acusó al tribunal supremo de "ceder al chantaje del terrorista Mohamed Allan", en lugar de alimentarlo por la fuerza, como lo permite una ley aprobada en julio para enfrentarse a este tipo de situaciones.
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