Icv pregunta al gobierno por la "ley sinde", el cierre de megaupload y la falta de neutralidad en la red

El diputado de ICV Joan Coscubiela ha formulado varias preguntas por escrito al Gobierno sobre la Comisión de Propiedad Intelectual que desarrolla la “ley Sinde”, la falta de neutralidad en la Red y el cierre de Megaupload.
Así consta en una pregunta que ha dirigido al Gobierno para que se la responda por escrito. En ella recuerda que el pasado 30 de diciembre el Ejecutivo aprobó el real decreto que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual que desarrolla la “ley Sinde”.
“Con esta aprobación tan rápida, el Gobierno mostraba su compromiso inequívoco con el desarrollo de una norma que ha generado el rechazo masivo de las personas usuarias de Internet y que no ha conseguido el consenso de los creadores”, dice Coscubiela.
Para ICV, “este mecanismo de censura aprobado recientemente por el Gobierno –entrará en vigor el 1 de marzo de 2012- no garantizará el cumplimiento de derechos y libertades fundamentales, como el de la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Por eso, este diputado de ICV en la Cámara Baja pregunta al Ejecutivo si es consciente de que la función de la Comisión de Propiedad Intelectual “afectará a derechos y libertades fundamentales”.
Añade que, a poco más de un mes de dicha entrada en vigor, se produce el cierre de Megaupload, que ha afectado a millones de usuarios que tenían sus archivos personales, académicos o divulgativos almacenados para un mejor acceso y consulta desde cualquier terminal. “Nada tienen que ver con la lucha contra la piratería”, dijo.
En este sentido, pregunta al Gobierno “si se ha puesto en contacto” con el de Estados Unidos “para garantizar que los archivos de los usuarios del Estado español almacenados en Megaupload podrán ser recuperados”.
NEUTRALIDAD NULA
Por otra parte, Coscubiela señala que en España “no hay ninguna norma que garantice la neutralidad en la Red, es decir, que los proveedores de Internet pueden intervenir sobre los contenidos que visualizan o utilizan los usuarios a su elección, bloqueando o limitando páginas o aplicaciones de manera indiscriminada”.
“Esta intervención no estaría motivada en ningún caso por la protección de otros derechos, sino por los intereses económicos derivados de acuerdos comerciales privados entre los proveedores, que podrían limitar de manera flagrante el acceso a la información y a la libre competencia”, dice Coscubiela, quien pregunta al Gobierno si tiene pensado “impulsar alguna medida que garantice la neutralidad en la Red”.
En su pregunta, Coscubiela no se olvida de las polémicas leyes Stop Online Piracy Act (SOPA) y Protect Intelectual Property Act (PIPA), que se están tramitando en el Parlamento estadounidense y que ha desatado las protestas de los internautas.