Imbroda llega al supremo con su abogado para declarar por presunta prevaricación

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), llegó esta mañana a la sede del Tribunal Supremo (TS), donde está citado a declarar en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación.
Imbroda llegó a bordo de un taxi a la sede judicial pasadas las 11.00 de la mañana. Iba acompañado por dos personas, su abogado y su hijo, también letrado, y no hizo ninguna declaración a los periodistas que le esperaban a la entrada. Eso sí, hizo un gesto para emplazarles a su salida de la cita con el juez.
La Sala de lo Penal del TS abrió procedimiento a Imbroda en un auto dictado el pasado 2 de febrero, en el que nombró instructor al magistrado de la Sala Francisco Monterde, que es quien le ha citado.
Los hechos se refieren a la posible contratación directa de un abogado externo por la ciudad autónoma pagado con fondos públicos. El Supremo atendió una exposición razonada de un juez de instrucción de Melilla donde se recogían indicios de la participación de Imbroda en esa contratación supuestamente irregular, y la Fiscalía del Alto Tribunal apoyó la apertura de la causa.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se declaró competente para investigar al presidente de Melilla por un delito de prevaricación presuntamente cometido en la contratación de un abogado por la ciudad autónoma con fondos públicos.
La Sala también resolvió que el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, a cargo de Emilio Lamo de Espinosa, continúe con la investigación que afecta a los no aforados relacionados con la supuesta contratación ‘a dedo’ de un letrado al que le habrían pagado 357.000 euros.
El juzgado de la ciudad autónoma investiga una denuncia presentada por la Asociación Libre de Abogados de Melilla, que acusa a los implicados de delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración. Ahora el TS investigará la comisión de un presunto delito de prevaricación.
Los hechos se relacionan con la contratación del abogado Juan Jesús Olivares para representar a la ciudad autónoma en procedimientos judiciales del orden jurisdiccional social tramitados entre 2001 y 2011. Según el juez de Melilla, esta contratación se hizo sin cumplir con los requisitos de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas.