El informe revela también que, en 2016, se resolvieron un total de
1.287.005 asuntos y que, a final de año, quedaban en trámite 494.037, lo
que representa una reducción del 4,8 por ciento respecto a los que estaban en esa situación al inicio del periodo estudiado.
En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en 2016 fue de 332.820, lo que supone una disminución del 8,9 por ciento respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 343.227 asuntos y quedaron en trámite a final del año 230.067.
La jurisdicción penal es la que registró un descenso más significativo en el ingreso de asuntos, como consecuencia de la entrada en vigor el 6 de diciembre de 2015 de la reforma del artículo 284.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se dispuso que, con carácter general, los atestados policiales en los que no existe autor conocido del delito denunciado no se remitirán a los juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción, donde se resolvían de forma inmediata con un auto de archivo.
La modificación legal, en consecuencia, tuvo su reflejo en 2016 tanto en la entrada de asuntos --793.167, un 40 por ciento menos que el año anterior-- como en el número de asuntos resueltos --820.103, un 38,1 por ciento menos que en 2015--.
La cifra de asuntos en trámite al final del periodo era de 147.441.
Mientras tanto, los 65.594 asuntos ingresados en la jurisdicción social fueron un 1,7 por ciento menos que los que tuvieron entrada en 2015. Los órganos de esta jurisdicción resolvieron el año pasado un total de 64.647 asuntos.
A finales de 2016, quedaban en trámite en los órganos de la jurisdicción social otros 63.483 asuntos.
Por el contrario, en la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron en 2016 un total de 53.878 nuevos asuntos, un 4,6 por ciento más que el año anterior. La cifra de asuntos contenciosos resueltos fue de 59.028, y la de asuntos en trámite al final del periodo de 53.046.
CANARIAS Y ANDALUCÍA, A LA CABEZA EN TASA DE LITIGIOSIDAD
En 2016, la tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 124,9 asuntos por cada mil habitantes.
La Comunidad Autónoma que registró una mayor tasa de litigiosidad fue
Canarias, con 158,7 asuntos por cada mil habitantes, seguida por
Andalucía, con 145,5. Les siguieron, también superando la media nacional, Illes Balears (135,2), Murcia (128,9), la Comunidad Valenciana (127,9), Cantabria (125,2) y Madrid (125,1).
En el otro extremo aparece La Rioja, con 84,4 asuntos por cada mil
habitantes, la tasa de litigiosidad más baja de todo el territorio nacional.
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