Bogotá, 29 nov.- La Procuraduría de Colombia anunció hoy la apertura de una investigación disciplinaria contra 14 congresistas y exlegisladores y dos exdirectores de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) por supuestas irregularidades en la gestión de los bienes incautados al narcotráfico.
A través de un comunicado, la Procuraduría General (Ministerio Público) informó que ya ha comenzado a recopilar pruebas testimoniales y documentales para esclarecer la supuesta responsabilidad de estas personas por el delito de tráfico de influencias.
En el caso de los parlamentarios y exparlamentarios, el organismo de control busca verificar si estas personas "se habrían beneficiado al lograr que varias personas cercanas a ellos los eligieran como administradores o depositarios de algunos bienes incautados vinculados con actividades ilícitas".
Los objetivos de la investigación disciplinaria son Miguel Pinedo Vidal, Hernán Francisco Andrade Serrano, Javier Enrique Cáceres Leal, Luis Humberto Gómez Gallo, Lucero Cortés Méndez, Álvaro Antonio Ashton Giraldo y Myriam Alicia Paredes Aguirre.
Asimismo, serán investigados Carlos Eduardo Enríquez Maya, Enrique Rafael Caballero Aduen, Cristóbal Rufino Córdoba Mosquera, Héctor José Ospina Aviles, Óscar Fernando Bravo Realpe y Ómar Yepes Alzate.
La Procuraduría revisará también la gestión de los exdirectores del ente Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, quienes "al parecer no ejercieron el control necesario en la DNE y habrían permitido que algunos de los bienes incautados fueran utilizados de manera indebida", indicó el comunicado.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó un decreto el pasado 2 de septiembre por el cual arrancó la liquidación del DNE por problemas, que en sus palabras, tenían que ver "con la corrupción, la ineficiencia administrativa".
Del proceso se ocupa la funcionaria colombiana María Mercedes Perry, mientras el Ministerio de Justicia y del Derecho asumirá algunas funciones de la entidad y los bienes fueron a parar a una institución que depende de la cartera de Hacienda.
En el marco de este escándalo, denunciado hace más de dos años, el proceso penal en contra de los acusados de tráfico de influencias está demorado por las ausencias tanto de abogados como de los sujetos de investigación en las audiencias.
La Fiscalía, por su parte, anunció que revisará esas supuestas maniobras de dilación y ver si el Consejo Superior de la Judicatura debe investigar esas actitudes.
Mientras, la Corte Suprema de Justicia adelanta un proceso penal contra estos mismos implicados por la participación de amigos y familiares en la gestión de los bienes incautados a los narcotraficantes que tenía en su poder la DNE.
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