Barcelona, 21 feb.- El Instituto de Estudios Autonómicos (IEA) de la Generalitat ultima un informe que contempla "cinco vías legales" para poder celebrar una consulta con la que los catalanes ejerzan "el derecho a decidir" el futuro de Cataluña, según ha indicado hoy la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega.
Ortega se ha referido a este informe, que ha sido encargado al IEA por el departamento de Gobernación, en el transcurso de su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento catalán.
Aunque el informe todavía no ha sido completado, la vicepresidenta y consellera de Gobernación ha anticipado que en el estudio "se contemplan cinco vías legales posibles para consultar" a los catalanes sobre su futuro.
La primera de estas vías resulta de aplicar una ley que está plenamente en vigor, la de Consultas por Vía de Referéndum, aprobada por el Parlament el año 2010, que fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC) pero éste levantó su suspensión antes de pronunciarse.
La segunda vía, ha explicado Joana Ortega, es la que recoge el artículo 92 de la Constitución y que pasa por que desde el Estado se acepte una petición formal de las instituciones de Cataluña de celebrar una consulta o referéndum.
Una tercera vía posible que puede ser aplicada "sin infringir la Constitución" sería, ha añadido la vicepresidenta, la resultante de que el Gobierno "delegara competencias a la Generalitat para celebrar la consulta", aunque Ortega ha admitido "que esto será difícil que lo haga".
El IAE contempla como cuarta vía "modificar el artículo 92 de la Constitución española, para hacer constar el derecho de las comunidades autónomas a celebrar referendos sin más requisitos adicionales".
Finalmente, y como quinta vía posible, en el informe se indica el que "puede posibilitar la futura ley de consultas por vías no referendatarias, prevista en el Estatut y en la jurisprudencia emitida ya por el TC", ha explicado Joana Ortega.
La vicepresidenta ha admitido que "en cualquier caso, es evidente que hará falta dialogar con el Estado sobre cualquiera de las vías que se pueda utilizar".
También ha apuntado que "un Estado democrático, si de verdad lo es y lo quiere seguir siendo, no puede negar que los ciudadanos expresen su opinión cuando así se solicita desde cualquiera de sus territorios".
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