Washington, 30 may.- El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, negó hoy que el proceso de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pretenda debilitarla, pero opinó que debe ser "más flexible" en su relación con los Gobiernos.
En un seminario sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Insulza adelantó algunas de las propuestas sobre la reforma de la CIDH que planteará en un informe a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), prevista entre el 3 y el 5 de junio en Cochabamba (Bolivia).
"Mi intención es darle certeza al sistema, en ningún caso debilitarlo", aseguró Insulza, según informó la OEA en un comunicado.
Sin embargo, consideró que "se requieren reformas", en primer lugar, para solucionar el "problema de certeza jurídica" al que se enfrenta la Comisión cuando "trata de saber exactamente quién tiene qué derechos y cómo se deben aplicar".
En ese sentido, subrayó que la CIDH "no es un tribunal", por lo que desconfió del proceso de diálogo privado con los países o el dictado de medidas "sin escuchar a los Gobiernos", y abogó en cambio por "ser mucho más flexibles" y dar prioridad al proceso de solución amistosa con los Estados.
Además, Insulza apostó por eliminar la "incertidumbre" que rodea al proceso de emisión de medidas cautelares, ya que "hay algunos Estados que creen que sólo deben acatarlas si vienen de la Corte (Interamericana de Derechos Humanos)", y no cuando las otorga la Comisión.
El titular del organismo hemisférico respondió así a las críticas del director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien aseguró en el seminario que las propuestas de Insulza cambian "los términos de la discusión" sobre la reforma de la CIDH.
Vivanco denunció que hay una "campaña promovida por algunos gobiernos, no todos, que persiguen debilitar" a la Comisión, y aseguró que el informe de Insulza, aún no publicado, alude "a la necesidad de reformar el estatuto de la Comisión".
El pasado enero, los Estados miembros de la OEA aprobaron una serie de recomendaciones para reformar la labor de la CIDH, que algunas organizaciones civiles consideran un intento de limitar la autonomía del organismo por parte de algunos Gobiernos sobre los que la Comisión ha emitido informes polémicos, como Ecuador o Venezuela.
La CIDH se ha pronunciado hasta ahora sólo sobre algunas de esas recomendaciones, no vinculantes, y debe evaluar aún las más polémicas, que se debatirán también en la Asamblea General de Cochabamba.
No obstante, Insulza no se mostró optimista de que en ese foro pueda producirse un "debate largo, intenso y profundo" sobre la materia.
"Seguramente lo habrá, pero la discusión continuará después de la Asamblea, porque (en la Asamblea General) no habrá tiempo para agotar este debate", indicó el secretario general.
En una conferencia de prensa el martes, Insulza confió en que el proceso de reforma, con su consiguiente evaluación por parte de la CIDH, esté cerrado en el plazo de un año.
"Esto durará el tiempo que necesite durar, pero un año es un plazo razonable", admitió.
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