El Ministerio del Interior "no tiene constancia" de que "se hayan producido escuchas telefónicas o intervenciones de comunicaciones a ciudadanos o empresas españolas fuera de los cauces establecidos por la legislación vigente".
Interior se refiere a este asunto en una respuesta que ha enviado al diputado de IU Gaspar Llamazares y a la que ha tenido acceso Servimedia. Este parlamentario pidió al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz que aclarase si estaban tomando medidas frente "a los Estados Unidos y Reino Unido para garantizar y defender el derecho fundamental que los ciudadanos tienen a la privacidad de sus comunicaciones".
Llamazares aludía así al espionaje masivo e ilegal denunciado por el exanalista de la CIA Edward Snowden, que sostiene que EEUU y Gran Bretaña han venido interceptando de manera generalizada información privada en todo el mundo.Normas legales
En su respuesta parlamentaria, Interior se refiere, en primer lugar, a las explicaciones que la Unión Europea (UE) ha pedido a EEUU sobre este supuesto espionaje masivo. Asimismo, el departamento de Fernández Díaz afirma que "no tiene constancia de que se hayan producido escuchas telefónicas o intervenciones de comunicaciones a ciudadanos o empresas españolas fuera de los cauces establecidos por la legislación vigente".
Al mismo tiempo, Interior señala que, de acuerdo con la legislación española, "sólo cuando fuese necesario descubrir algún hecho o circunstancia relacionada con conductas investigadas en el orden jurisdiccional penal, la autoridad judicial podrá acordar la intervención de la comunicaciones, tal y como prevé el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Asimismo, sobre las explicaciones pedidas por la UE a las autoridades estadounidenses, el departamento de Fernández Díaz indica que las instituciones comunitarias han venido reclamando a EEUU "explicaciones urgentes y completas acerca de las presuntas actividades".
Además, Interior afirma que el Parlamento Europeo aprobó el pasado 4 de julio una resolución "que lamenta las supuestas prácticas, pide inmediatas aclaraciones a las autoridades estadounidenses y acuerda constituir un grupo de investigación ad hoc dentro del Comité de Asuntos Legales que someterá un informe al pleno antes de fin de año".
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