IU pide al Gobierno que acate el fallo de Estrasburgo sin subterfugios

  • El diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha pedido al Gobierno que acate el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la aplicación de la "doctrina Parot" a la etarra Inés del Río y que no busque subterfugios, como "retenciones ilegales", que puedan llevar a futuras condenas.

Madrid, 21 oct.- El diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha pedido al Gobierno que acate el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la aplicación de la "doctrina Parot" a la etarra Inés del Río y que no busque subterfugios, como "retenciones ilegales", que puedan llevar a futuras condenas.

Llamazares, en declaraciones en el Congreso, ha considerado que la decisión del tribunal de Estrasburgo era esperada y "ajustada a derecho", y avergüenza al Gobierno y a las instituciones españolas, como el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, que -considera- han sufrido un gran "varapalo".

El diputado de Izquierda Unida ha lamentado que esta sentencia dé un "argumento victimista" a los "terroristas" y a los "enemigos de la democracia".

"Flaco favor le han hecho el Gobierno, el Tribunal Supremo y el Constitucional a la democracia", ha dicho Llamazares tras recalcar que el fallo de Estrasburgo es la demostración de que "no hay atajos en la aplicación a la ley" y que se debe mantener la seguridad jurídica y la "irretroactividad" en la aplicación de las leyes.

Para Llamazares, la sentencia es "inapelable" y el Gobierno debe actuar en consecuencia, asumirla y aplicarla, y no "andarse con juegos" y actuar "al borde de la detención ilegal".

En este sentido, ha pedido al Gobierno, no sólo que acate la decisión de Estrasburgo, sino que también revise algunas de las medidas incluidas en la reforma del Código Penal, como la prisión permanente revisable o las medidas de seguridad posteriores al cumplimiento de la condena.

"Quien avergüenza a las instituciones no es quien discrepa, sino quien construye una doctrina contraria a legalidad que luego nos reprocha la Unión Europea", ha recalcado.

Asimismo, ha subrayado que la sentencia lo que hace es aplicar la Constitución española y deja claro que no se puede actuar por razones de Estado o por una "sensibilidad social mal entendida".

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