Iu pide que la ley de transparencia no obligue a aportar el dni para pedir información

El Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural quiere que suprima la obligación de aportar el DNI a la hora de solicitar información pública, como establece el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Así consta en las enmiendas parciales que el grupo liderado por Cayo Lara ha presentado. “Los estándares internacionales, entre otros el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos, establecen que para solicitar información solo habrá que indicar la información que sea necesaria para poder contestar a la solicitud, y cuando se habla de identificación se pide simplemente un nombre para poder dirigirse al solicitante”, señala.
La Izquierda Plural, que recuerda que “en muchas webs de instituciones públicas españolas se pide DNI y otra información que no es relevante para solicitar información.
Asimismo, pide que las solicitudes de información no deban ser motivadas. “En ningún caso los motivos personales para conocer una información deberían ser relevantes a la hora de decidir si la información solicitada puede o no ser publicada”, argumenta La Izquierda Plural.
Este grupo propone también que el presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios sea elegido por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados por un periodo de cinco años, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional propuestas por los grupos parlamentarios, previa comparecencia en comisión.
En sus enmiendas, el grupo parlamentario liderado por Cayo Lara propone que dicho cargo no sería renovable y que estaría sometido al control parlamentario, debiendo presentar un informe anual.
La Agencia, precisan, en otra enmienda, debe ser “un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones”.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Quieren también que antes de tres meses el Gobierno desarrolle el reglamento de infracciones y sanciones, y presente un proyecto de ley de regulación de los lobbies, incluyendo su creación, sus mecanismos de control y transparencia y la descripción de infracciones y sus correspondientes sanciones.
Ese mismo plazo da para regular por real decreto el régimen de funcionamiento y organización de los órganos de gobierno de los patronatos de huérfanos de la Guardia Civil y del Ejército para que “acomoden” su funcionamiento a los principios recogidos en esta ley.
IU-ICV-CHA proponen también que la ley pase a llamarse de Transparencia, acceso la información “pública” y buen gobierno, y que en ella, como viene reclamando desde el inicio, estén incluidos la Casa Real, partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y entidades religiosas que perciban subvenciones públicas.
“La Corona como institución [...] y la Familia Real, dada su relevancia constitucional, no debe ser excluida del ámbito de aplicación de este proyecto de ley”, señala La Izquierda Plural, que quiere lo mismo para los partidos políticos y su financiación, pues “en su mayoría procede de presupuesto público”•
En cuanto a sindicatos y asociaciones empresariales, La Izquierda Plural señala que “son un instrumento fundamental para la defensa de los intereses sociales y económicos”.
También pide que la ley afecte a “toda las asociaciones, fundaciones u otras organizaciones que reciban subvenciones de las administraciones públicas o en cuyo patronato u órgano rector estuviera participada por las mismas”.
Reitera la necesidad de suprimir el silencio administrativo negativo, argumentando que el 50% de las solicitudes de información que se presentan en las administraciones públicas españoles quedan sin respuesta.