Iu propone excluir de la ley de indulto los delitos de tortura, terrorismo, blanqueo, fraude o prevaricación

El diputado de La Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para
modificar la ley que rige la concesión de los indultos, de manera que el Gobierno no pueda indultar a condenaro por delitos de tortura, terrorismo, blanqueo de dinero, fraude o prevaricación.

La actual norma que rige los indultos que puede conceder el Eejcutivo data de 1870, aunque fue modificada parcialmente en 1988. Este asunto ha saltado al primer plano de la actualidad después de que el Consejo de Ministros indultara a unos mossos d´esquadra condenador por torturar a un deternido, lo que ha motivó protestas masivas de centenares de jueces.
La propuesta pide endurecer sustancialmente las condiciones bajo las que el Gobierno pueda recurrir a esta medida de gracia para evitar que cumplan sus condenas quienes han sido penados por determinados delitos.
Entre ellos, IU señala los delitos de tortura, terrorismo, electorales, ecológicos, así como una amplia relación de delitos de origen económico como pueden ser la estafa o el blanqueo de dinero.
También incluye delitos societarios y dirigidos contra la Administración y la Hacienda públicas tales como la malversación y el fraude, la prevaricación urbanística o los denominados delitos masa, variable del delito patrimonial referido a los casos de fraude colectivo.
Llamazares explica que "esta proposición no de ley, que queremos que se debata en el Pleno, persigue un doble objetivo: Poner fin al abuso endémico de la institución del indulto por parte del poder ejecutivo y garantizar la transparencia de cada una de las decisiones".
Para cumplir el segundo de estos objetivos, el texto establece que el Congreso inste al Gobierno del PP a que "en los Reales Decretos de otorgamiento de indulto, se recogerá, además de los datos ya contenidos sobre el órgano sentenciador, las variables temporales y las condiciones impuestas, las siguientes referencias: el concreto delito cometido, el grado de ejecución alcanzado (actos preparatorios, consumación o tentativa), el título de imputación (autor o cómplice), la pena efectivamente indultada, el origen de la solicitud del indulto y el motivo que lo justifica".
El diputado recuerda que el derecho de gracia tiene por razón de ser "la necesidad de atemperar los rigores de la ley cuando ésta se demuestra indeseable en sus efectos, si bien sólo está justificada como solución in extremis, esto es, para el caso de que se demuestren insuficientes otros remedios. Un buen Código Penal reduciría drásticamente el número de indultos".
Llamazares denuncia que esta prerrogativa que debería ser "una excepción" se está convirtiendo en costumbre, de manera que España es uno de los países occidentales donde el Gobierno "más abusa de esta prerrogativa arbitraria".
De hecho, recuerda que "desde 1977 ya llevamos 17.620 indultos, siempre según los datos del BOE. Entre los perdonados está lo mejor de cada casa: Golpistas del 23-F, terroristas de los GAL, policías torturadores, políticos corruptos, empresarios corruptores, banqueros, jueces corruptos o militares falsarios".
La proposición no de ley de La Izquierda Plural se completa solicitando que "en caso de informe desfavorable del Tribunal sentenciador, el Gobierno deberá someter la petición de indulto a una Comisión Mixta Parlamentaria, compuesta por representantes parlamentarios y del Consejo General del Poder Judicial, para que emitan informe, que será vinculante para el Ejecutivo".