IU solicita al Parlamento que investigue los ERE irregulares de la Junta

Sevilla, 20 abr.- El grupo parlamentario de IULV-CA ha registrado hoy una solicitud, firmada por sus doce diputados, para crear en el Parlamento andaluz una comisión que investigue los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta.

Se trata de la primera iniciativa de IU una vez constituido el jueves el Parlamento autonómico en la que reclama investigar las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE y a empresas en crisis relativas a expedientes ya concluidos o abonados totalmente (ERES muertos) concedidas por la Consejería de Empleo con cargo al Programa Presupuestario Administración de las Relaciones Laborales entre los ejercicios 2000 y 2010.

La coalición cumple de esta forma el compromiso adquirido durante la pasada campaña electoral, que fue firmado ante notario, y podría ser debatida en el primer o segundo pleno de la Cámara, según los cálculos de su coordinador general, Diego Valderas.

Valderas ha recordado en rueda de prensa que su grupo planteará una reforma del Reglamento de la Cámara para que ninguna mayoría pueda bloquear las comisiones de investigación parlamentarias, una propuesta incluida en el acuerdo programático alcanzado con el PSOE-A de garantizar la estabilidad institucional.

Sin embargo, Valderas no ha garantizado que su formación vaya a apoyar todas las comisiones de investigación que se soliciten.

Preguntado por si tenía temor a que el caso le pueda afectar a dirigentes del PSOE-A, los futuros socios de gobierno de IU, el dirigente izquierdista ha indicado: " Nosotros tenemos poco temor. Y he escuchado en el Parlamento a los socios decir que quien la hace la paga, pues si alguien la ha hecho que la pague".

Ha agregado Valderas que en este asunto puede haber "responsabilidades de manos largas y de no haber sido capaz de impedir la manos largas".

La petición de investigación parlamentaria de IU ha coincidido con la comparecencia ante la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso ERE, del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, al que ha imputado seis delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, fraude y prevaricación, y al que ha definido como autor intelectual del "sistema operativo" de las ayudas investigadas.