Jáuregui pide a Gallardón que explique el cierre de la Oficina de Víctimas

Madrid, 7 mar.- El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui, ha pedido la comparecencia en la Cámara del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que explique las razones del cierre de la Oficina de Víctimas de la Guerra civil y el franquismo.

El Consejo de Ministros decidió el pasado viernes la supresión de esta departamento, encargado entre otras cosas de coordinar las exhumaciones de los restos de desaparecidos, y decidió que sus funciones sean desempeñadas por la División de Derechos de Gracia y otros Derechos que dirige la Subsecretaría de Justicia.

En un comunicado, el grupo socialista explica que Jáuregui ha pedido la comparecencia y también ha reclamado que se recupere la Oficina, que se creó en cumplimiento de la Ley de memoria histórica en 2008.

Como recuerda el exministro de Presidencia, este organismo era el encargado de "coordinar e impulsar los trabajos de aplicación de la ley, en especial en materia de localización y exhumación de fosas" además de informar a las familias de las víctimas e impulsar las políticas de conservación y fomento de la memoria.

La iniciativa pide además el mantenimiento del programa de subvenciones a las ONG y asociaciones que apoyan proyectos relacionados con la memoria histórica, así como "seguir ayudando a los familiares de víctimas de la guerra y de la represión franquista para facilitarles la localización y la exhumación de fosas".

En opinión de Jáuregui, "es un ejercicio de dignificación y de memoria que nos hace progresar moralmente como sociedad".

También ha señalado Jáuregui que el desarrollo de la Ley de memoria ha supuesto que casi 200.000 personas hayan obtenido la nacionalidad como descendientes de los españoles exiliados, así como la localización de 300 fosas y 6.000 exhumaciones, mientras más de 2.400 niños de la guerra han visto reconocidas prestaciones económicas.

Jáuregui ha recordado que la ley de memoria histórica recogió el testigo de una iniciativa parlamentaria de 2004 y votada por unanimidad en la que se reafirmó "el deber de la sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron la represión de la dictadura franquista".