Jpd denuncia el perfil “autoritario”, “represivo” y “contrario a las libertades” del nuevo código penal

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) denuncia la reforma del Código Penal aprobada en el Senado por el PP, por entender que encarna “un modelo de organización social marcadamente autoritario, de perfil represivo y de orientación contraria a las libertades”.
A su entender, “no protege los bienes jurídicos constitucionalizados, sino la particular visión del Gobierno sobre lo que deben ser elementos preferentes, centrados en una perspectiva obsesiva sobre la seguridad que se encuentra muy alejada de la realidad social”.
Desde Jueces para la Democracia muestran abiertamente su disconformidad con una modificación legal “impulsada por intereses coyunturales y que no está legitimada por razones de necesidad, las únicas que deben motivar una reforma penal”.
Para la organización progresista, esta reforma aprobada en solitario por el PP, se ha realizado de manera “precipitada”, sin contar con el acuerdo del resto de fuerzas políticas, omitiendo parcialmente los dictámenes de los órganos consultivos y sin que exista un estudio adecuado en materia de criminalidad que justifique estas modificaciones legales.
JpD entiende “especialmente criticables” los criterios generales que impulsan esta reforma, que no parten de un examen riguroso de las necesidades sociales a la vista de la evolución de la criminalidad, ni tampoco de un análisis del conjunto del sistema penitenciario.
La reforma, dicen los jueces progresistas en una nota de prensa, introduce una versión de la cadena perpetua que “resulta injustificada y que es contraria a la Constitución” y “olvida la reinserción social”. Además, “concibe la justicia como venganza, para adentrarse en los principios más reaccionarios del populismo penal con la finalidad de actuar como instrumento de manipulación emocional y de satisfacer a determinados grupos de presión”.
Esta asociación considera “falaz” el anuncio de despenalización de las faltas, puesto que muchas de ellas se convierten en delito; y otras conductas pasan a la Ley de Seguridad Ciudadana, con sanciones más elevadas, que se podrán aplicar en un procedimiento administrativo sin las mismas garantías que en el ámbito penal.
Asimismo, denuncian el camino de la “criminalización de la pobreza” dando respuesta penal a situaciones que requieren fundamentalmente de una “adecuada intervención social”. Además, critica que “no se presta la necesaria atención integral a la alta delincuencia económica o a la corrupción política”.
Además, la reforma contiene un endurecimiento considerable de todo el capítulo de los delitos contra el orden público, hasta el extremo de llegar a castigar con prisión determinadas protestas pacíficas en la sede de una persona jurídica pública o privada. También se pretende castigar con privación de libertad la difusión en las redes sociales de consignas que inciten a alterar el orden público.