JpD pide reforma e indultos para evitar prisión de piquetes sindicalistas

Madrid, 17 jul.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha pedido una reforma legal y el indulto para evitar el ingreso en prisión y penas desproporcionadas de sindicalistas condenados por hechos cometidos en el ejercicio de derechos como el de huelga y su labor como piquetes.

El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, ha emitido un comunicado ante las recientes condenas a penas de prisión de sindicalistas que participaban en piquetes de huelga, en el que declara que la sanción prevista en el artículo 315.3 del Código Penal resulta claramente desproporcionada y exagerada.

Para Joaquín Bosch resulta necesaria una reforma de este precepto para que las penas por estos hechos resulten ajustadas a la gravedad de una conducta "que no puede merecer una pena superior a los tres años de privación de libertad".

En cualquier caso comenta que en el debate jurídico sobre estas cuestiones ha de valorarse que la actuación de estos sindicalistas se realiza en el contexto del ejercicio del derecho fundamental a la huelga, por lo que considera que la aplicación de la norma penal de debe aplicarse de forma restrictiva y con muchas cautelas.

Por ello a JpD le resulta llamativo que la Fiscalía prácticamente no había acusado con fundamento en esta normal penal, que lleva casi veinte años en vigor, y en los últimos tiempos se hayan multiplicado las diligencias por un delito que implica necesariamente pena de prisión.

"En el referido debate jurídico ha de valorarse necesariamente que para que concurra delito dichas actuaciones sindicales deben implicar una gravedad suficiente para que sea un acto idóneo para provocar una coacción que obligue a otras personas a secundar una huelga", añade.

Insiste en que "por ello deberían dejarse fuera del ámbito de esta normal penal las conductas de carácter leve que no estén relacionadas con el núcleo esencial de lo que realmente representa una coacción grave".

Además, JpD solicita el indulto para las personas condenadas por estos hechos y recuerda que esta medida se concede cuando concurren razones de equidad que eviten que un rigor en la aplicación de la norma pueda llevar a resultados desproporcionados.

JpD ve "difícilmente explicable que el Gobierno haya indultado a policías que han torturado, a conductores kamikazes y a políticos corruptos sin explicaciones y no acuerde la medida de gracia para evitar la pena de prisión a favor de personas que no representan ningún peligro para la sociedad y que han sido condenadas de modo desproporcionado a causa de una norma penal inadecuada".