Jueces y fiscales lamentan el “desconocimiento” que tiene justicia sobre su trabajo

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) lamentaron hoy el "desconocimiento" que en su opinión tiene el Ministerio de Justicia sobre el trabajo fiscal y judicial, que se refleja en las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Según indicaron en un comunicado JpD y UPF, el punto “peor” resuelto en esta reforma es la limitación de instrucción de los casos de los sumarios a entre 6 y 18 meses.
Las dos asociaciones de jueces y fiscales entienden que el anteproyecto parte de una premisa “falsa”, ya que la duración de un procedimiento “no depende de la sola voluntad del instructor”, sino también de la “complejidad” del delito, de “los medios puestos a disposición de los juzgados y fiscalías” y de “la actuación de todos los órganos al servicio de la Administración de Justicia”.
Por ello, consideran que el anteproyecto “desconoce” la realidad diaria de los juzgados y fiscalías, al atribuir al fiscal la función de solicitar la prórroga del plazo de instrucción de diligencias, cuya investigación es competencia del juzgado instructor.
Por otro lado, en cuanto al término “imputado”, que ha sido cambiado por “sujeto pasivo”, a juicio de estas asociaciones de jueces y fiscales es un cambio “meramente estético”, tras las “sucesivas” y “bochornosas” imputaciones de cargos públicos.
"ARCAICO SISTEMA ANTICORRUPCIÓN"
En materia de la lucha contra la corrupción, según JpD y UPF, la reforma tendría que basarse en recursos económicos y precisar de medios personales y materiales, al tiempo que exigen un “nuevo marco procesal” que abandone el “arcaico” sistema actual y “evolucione” hacia uno nuevo basado en “la autonomía, la especialización y la celeridad”.
Por último, estas organizaciones consideran que la regulación que el anteproyecto realiza sobre la intervención de las telecomunicaciones resultaba “imprescindible”, aunque a su entender existen determinados aspectos en el texto que “no respetan las debidas garantías”.
La regulación de la posibilidad de que se acuerde la incomunicación de un detenido durante 24 horas también genera dudas a estos colectivo de jueces y fiscales sobre las garantías que deben asistir a una persona privada de libertad y sobre el alcance de su “derecho de defensa”.
En referencia al llamado procedimiento de decomiso autónomo, en el que la intervención del fiscal se torna decisiva, para JpD y UPF la regulación resulta “confusa” y supone una completa novedad en su ordenamiento para la que "no se ha dispuesto medida de refuerzo o especialización alguna en las distintas fiscalías".
Finalmente, consideran que en el anteproyecto de reforma de la LECrim debería añadirse una "reflexión sobre la composición y forma de designación de los miembros de estas salas", en las que se integran magistrados propuestos por los parlamentos autonómicos, así como sobre la posible ausencia en las mismas de especialistas en Derecho Penal.