Santiago de Chile, 4 sep.- El juez Hugo Dolmestch, vocero de la Corte Suprema, admitió esta noche que todavía existe un "pacto de silencio" entre los autores y cómplices de la desaparición de personas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, a pocos días de conmemorarse el 40 aniversario del Golpe de Estado.
Dolmestch, que ha investigado varios casos de derechos humanos, entre ellos el asesinato del periodista José Carrasco Tapia y de otros tres opositores a la dictadura ocurrido en septiembre de 1986, aseguró a CNN Chile que "siempre hubo -un pacto de silencio- que todavía se mantiene".
El juez, que en julio de 2006 fue aprobado por unanimidad como nuevo integrante de la Corte Suprema, también admitió que mucha información relacionada con casos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1990) "todavía no ha sido entregada".
"Creo que hay muchas cosas que no se han aclarado, sin ninguna duda", enfatizó el magistrado, que también investigó la denominada Operación Albania, donde agentes represores asesinaron a 12 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Dolmestch reconoció que no sabe si las Fuerzas Armadas chilenas como instituciones poseen esa información. "Aunque las personas que participaron como grupo creo que sí la tienen", añadió.
"Hay muchas cosas que se ocultan", enfatizó el juez, que en julio de 2006 condenó a seis militares por el asesinato del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Jécar Neghme Cristi, en 1989, considerado el último crimen de la dictadura chilena
Respecto del perdón ofrecido durante esta jornada por la Asociación de Magistrados del Poder Judicial y consultado si la Corte Suprema haría algo similar, el magistrado señaló que no estaba en condiciones de responder
"(Pero) no me cabe duda que se va a plantear y estudiar, y tendrá que salir alguna determinación", y agregó: "Creo firmemente en la necesidad imperiosa de la reconciliación".
El gesto de los jueces chilenos se sumó a distintas declaraciones de condena a las violaciones de derechos humanos y a peticiones de perdón hechas por políticos de derecha, como el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el senador Hernán Larraín, que fueron partidarios de la dictadura.
Durante los 17 años del régimen militar, unas 3.200 personas fallecieron y 38.000 sufrieron prisión política o tortura.
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