Juez imputado niega prevaricación en su instrucción del caso Goldfinger

Granada, 14 feb.- El que fuera titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella Manuel Jaén ha negado hoy las acusaciones de prevaricación por las que ha declarado como imputado ante el TSJA por su instrucción en el caso Goldfinger, ligado a la recalificación de la parcela en la que el actor Sean Connery tenía su casa.

El juez, actualmente en condición de cese por comisión de servicios como magistrado adscrito al Ministerio de Justicia, ha comparecido durante cerca de cuatro horas ante Miguel Pasquau, magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

Jaén, que a su llegada al alto tribunal andaluz ha eludido hacer declaraciones a los periodistas y que en esta instrucción está defendido por la Abogacía del Estado, ha negado las acusaciones de prevaricación que le atribuye la parte querellante, según han informado a Efe fuentes judiciales.

La citación como imputado del magistrado se produjo al considerar la Sala de lo Civil y Penal que los argumentos expuestos por el querellante y los destacados por el fiscal en un informe eran "suficientes como para justificar una investigación penal".

Entre los hechos que se investigan se encuentra la posible revelación de datos de una instrucción penal declarada secreta y falta de motivación en la decisión de investigar, entre otros.

Por este motivo, la Sala, que aún no ha hecho posible calificación jurídica los hechos, le citó para oír las explicaciones del querellado y determinar si se trata "de un deliberado artificio procesal" para obtener de manera contraria a Derecho información para la causa principal que instruía el magistrado.

La Fiscalía presentó en septiembre escrito de acusación contra dieciséis personas por el caso Golffinger, entre ellos, el cerebro del caso Malaya contra la corrupción, Juan Antonio Roca, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que se enfrentan a penas de ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente.

Roca está acusado de dos delitos contra la ordenación del territorio, un delito continuado de fraude y cohecho pasivo y también se le piden siete millones de euros de multa e inhabilitación durante veinte años, según el escrito acusatorio, al que tuvo acceso Efe.

A Julián Muñoz se le piden dieciocho años de inhabilitación y se le imputa por un delito continuado de fraude y dos contra la ordenación del territorio.

En el banquillo de los acusados también se sentarán algunos integrantes de un despacho de abogados, encargados de defender los intereses económicos de Sean Connery en España, y exconcejales del GIL.

En el caso de Goldfinger, la acusación pública considera que tanto Muñoz como Roca fueron "plenamente conscientes de su manifiesta ilegalidad" y que aprobaron el proyecto inmobiliario pese a la contrariedad de la normativa urbanística.

La investigación se centra en la recalificación de la parcela donde estaba el chalé "Malibú" de Sean Connery, en el que el actor y su esposa pasaron sus vacaciones hasta 1999, y sobre la que hoy hay 72 apartamentos de lujo en un edificio de cuatro alturas que se terminó entre el 2004 y el 2005.