Juez instructor pide condena para primero de los acusados en juicio del siglo

Brasilia, 16 ago.- El juez instructor en el proceso por un sonado escándalo de corrupción en el Gobierno del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que en Brasil es considerado como el juicio del siglo, pidió hoy la condena del diputado Joao Paulo Cunha, el primero de los 37 acusados.

El magistrado Joaquim Barbosa, primero de los once miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) en pronunciar su voto por ser el juez instructor del proceso, consideró a Cunha culpable de los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y peculado.

Los miembros de la máxima corte tienen que pronunciarse sobre la existencia de una supuesta red de corrupción en el Gobierno de Lula que desviaba recursos públicos para sobornar a congresistas dispuestos a apoyar las iniciativas del Gobierno en el Legislativo.

Entre los reos figuran tres ministros de Lula, incluyendo a José Dirceu, por muchos años considerado la mano derecha del exmandatario, y toda la cúpula en la época del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la formación que el líder socialista ayudó a fundar y con la que gobernó entre 2003 y 2010.

Barbosa, que puede extender la lectura de su voto por hasta tres días ya que tiene que pronunciarse sobre la culpabilidad o la inocencia de cada uno de los 37 acusados, comenzó a analizar las acusaciones contra Cunha y, tras alegar que las pruebas demostraron su culpabilidad, pidió que sea condenado.

El voto del juez instructor puede ser seguido o no por los demás magistrados de la máxima corte de Brasil, por lo que la condena o la absolución dependerá de la posición de la mayoría.

Cunha, dirigente del PT e importante aliado de Lula, renunció a su mandato en 2005, cuando surgió su escándalo, pero fue elegido nuevamente diputado federal en 2010.

El acusado, que en los primeros años de Gobierno de Lula ejerció la presidencia de la Cámara de Diputados, es acusado de haber desviado recursos del Legislativo para financiar la red de corrupción investigada.

Según la denuncia, el entonces presidente de la Cámara recibió irregularmente 50.000 reales (unos 25.000 dólares) tras haber beneficiado con un contrato a la agencia de publicidad de propiedad del empresario Marcos Valerio Fernandes, acusado de ser el articulador de la red de corrupción, por servicios nunca prestados.

Los recursos fueron retirados de un banco por la propia esposa del parlamentario y nunca fueron declarados ni al Fisco ni a las autoridades electorales.

La fiscalía alega que entre 2003 y 2005, cuando Cunha presidía la Cámara baja, fueron desviados cerca de 1,1 millones de reales (unos 550.000 dólares) de la institución.

El diputado negó todas las acusaciones pero admitió que recibió recursos no declarados para financiar su campaña electoral.

Según Barbosa, la decisión de Cunha de pedirle a su esposa la retirada del dinero demuestra la intención del reo de ocultar la operación y de lavar recursos de procedencia ilegal.

"El crimen se consumó y permitió la ocultación por casi dos años (del origen y el destino de los recursos). Aunque el propio Cunha hubiese acudido al banco a retirar el dinero personalmente estaría configurado el crimen de lavado de dinero", alegó el juez.

"Quedó demostrado que el reo utilizó un sofisticado servicio de lavado de dinero operado por Marcos Valerio Fernandes", agregó.

Pese a que aún no se pronunció sobre los otros reos, el juez instructor aseguró que las mismas pruebas contra Cunha demuestran la responsabilidad de Fernandes y de sus socios Cristiano Paz y Ramón Hollerbach en los delitos de corrupción activa y lavado de dinero.

Así como Cunha, varios de los acusados admitieron que el PT recaudó para sus campañas electorales recursos que no declaró a las autoridades, lo que supone una violación de leyes electorales, que ya ha prescrito y para la que ya no cabe castigo.

La fiscalía, sin embargo, alega que el dinero que abasteció tanto las campañas como los supuestos sobornos tenía origen público, lo cual sí entraría dentro de la órbita penal del Supremo y puede llevar a los implicados a la cárcel.