Juez pregunta a Supremo si juicio en Salvador por muerte jesuitas fue fraude

Madrid, 23 dic.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha preguntado al Tribunal Supremo si el juicio celebrado en El Salvador por el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría, fue un fraude, en vista de los numerosos indicios que apuntan a ello.

El magistrado ha elevado a la sala segunda del Supremo una exposición razonada en la que detalla una serie de argumentos que avalarían que el juicio celebrado en el país centroamericano fue fraudulento e incompleto.

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de soldados del Ejército salvadoreño entró en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador y mató a seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles y uno del país centroamericano.

La justicia salvadoreña celebró un juicio por estos hechos cometidos por miembros del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata, "ATLACATL", en ejecución, dice Velasco, "de un plan preconcebido en la sede del Estado Mayor del Ejército y en cumplimiento de las órdenes dadas por sus superiores".

El juez español apunta que, tras las diligencias practicadas, aparecen veinte personas como responsables de los hechos, entre ellos el exministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador René Emilio Ponce y otros militares de alto rango en el momento del asesinato.

Velasco instruye este asunto en virtud del principio de justicia universal, que establece que solo puede hacerlo en el caso de que la justicia del país donde se cometieron los hechos no lo haya juzgado correctamente, sobre lo que debe ahora pronunciarse el Supremo para que el juez de la Audiencia Nacional siga con el procedimiento.

Según el magistrado, el juicio en ese país fue un fraude porque estuvo "tan influido e intervenido que llegó a resultados de no justicia".

En este sentido, enumera una serie de razones por las que considera que fue así, entre ellas que los miembros del jurado, que no realizaron ninguna pregunta durante la vista, declararon haber sido amenazados.

También explica que se destruyeron pruebas "clave" como los libros registro militares de esos días, se obstaculizó la labor del juez porque los testigos militares no acudían a las citaciones, así como el trabajo de los fiscales del caso, que finalmente renunciaron ante las presiones del fiscal general ordenándoles "no impulsar el procedimiento, no informar a la prensa" y prohibiéndoles interrogar a testigos militares importantes.

Otros argumentos para respaldar que el juicio estuvo manipulado es que se denegaron todas las diligencias que pidieron las defensas de las víctimas, hubo una comisión de investigación que no interrogó a militares, "implicados evidentes" en los hechos, y las que sí se hicieron a miembros del Ejército no se pudieron contrastar por parte de observadores internacionales.

Pese a la reforma de la justicia universal aprobada el pasado marzo por el Congreso, Velasco decidió continuar con la causa por considerar que el cambio legislativo permite que prosiga por el delito de asesinato terrorista y levantó el procesamiento a veinte militares salvadoreños que estaban acusados de lesa humanidad.

Así, solo continuó con el procesamiento de los militares en relación a los asesinatos de las víctimas de nacionalidad española, por lo que quedarían fuera del caso los asesinatos de un jesuita salvadoreño y de dos mujeres.