Julián Muñoz se enfrenta mañana a 13 años de cárcel por el caso Saqueo II

Madrid, 17 abr.- El exalcalde de Marbella Julián Muñoz será trasladado mañana desde la cárcel a la Audiencia Nacional, donde se enfrentará a una petición fiscal de 13 años y medio de prisión por el caso Saqueo II, después de su condena ayer a 7 años por blanqueo y cohecho pasivo.

Muñoz, que ingresó ayer en la cárcel de Málaga tras su condena y ha sido hoy trasladado a una prisión de Madrid, se sentará en el banquillo junto a otros 23 exconcejales, así como al asesor Juan Antonio Roca, por este caso sobre un desvío de al menos 41 millones de euros públicos entre 1994 y 2001 y un fraude a la Seguridad Social de 91,5 millones.

En la sede de la Audiencia de San Fernando de Henares (Madrid) se juzgará durante al menos cinco días a un total de 36 personas, que se enfrentan a penas de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad y contra la Seguridad Social.

Para Julián Muñoz, la Fiscalía Anticorrupción pide 13 años y medio de cárcel por malversación, falsedad y delito contra la Seguridad Social, una pena superior a la que solicita para otros dos exalcaldes del municipio acusados: Pedro Román, que se enfrenta a 11 años, y Marisol Yagüe, para quien pide 3 años y medio.

Los fiscales reclaman además 10 años de cárcel para el asesor urbanístico Juan Antonio Roca, que lleva siete años en prisión como presunto cerebro de la mayor trama de corrupción conocida en España, el caso Malaya, que condujo a la disolución del Ayuntamiento de Marbella.

Esta causa deriva del caso Saqueo I, en el que la Audiencia Nacional juzgó el desvío de 24,3 millones de euros del consistorio a empresas privadas entre 1991 y 1995 y condenó, entre otros, a Roca a 6 años y 10 meses de cárcel y a José Luis Sierra, exasesor de Jesús Gil que ahora se enfrenta a 9 años y medio, a otros 9 años de prisión.

El juicio se celebrará dos días después de que la Audiencia de Málaga diera a conocer la sentencia por blanqueo de capitales contra Julián Muñoz, su expareja la tonadillera Isabel Pantoja y su exesposa Maite Zaldívar por el conocido como caso Pantoja, una pieza del caso Malaya.

Según el escrito de acusación de los fiscales Belén Suárez y José Grinda, en la segunda parte del caso Saqueo se juzgarán una serie de prácticas supuestamente ilegales por las que los acusados desviaron dinero del Ayuntamiento de Marbella cuando lo gobernaba el Grupo Independiente Liberal (G.I.L.) y defraudaron a la Seguridad Social.

De los 36 acusados, 24 son exconcejales del G.I.L., incluido Muñoz, y el resto abogados y empleados del consistorio, gerentes y trabajadores de sociedades municipales y el arquitecto Carlos Monteverde Gavilanes, que tenía varias empresas que supuestamente sirvieron para apropiarse del dinero público.

El escrito de los fiscales, de 176 páginas, desgrana las prácticas supuestamente corruptas que llevaron a cabo durante años los políticos para quedarse con fondos del Ayuntamiento, en algunos casos mediante la concesión directa del dinero a los concejales aunque en la mayoría a través de un entramado de empresas municipales por las que se ocultaba el saqueo a las arcas públicas.

Uno de los métodos fue el encargo a sociedades de Monteverde de trabajos entre 1994 y 2001 correspondientes a 73 proyectos que suponían un gasto para una empresa municipal de 570,9 millones de euros.

La Fiscalía cree que de estos proyectos se desviaron 41,8 millones de euros, en algunos casos correspondientes a trabajos que ya hicieron otras empresas y, en otras ocasiones, de labores que las empresas de Monteverde nunca justificaron haber realizado.

El consistorio falseó sus cuentas de manera que mostraban un saldo positivo en lugar de un déficit -que en 1997 llegó a los 62 millones de euros- y no comunicó la existencia de 6 de las 31 sociedades municipales, que recibieron 141,7 millones de euros del consistorio cuyo destino se desconoce.

Además, el Ayuntamiento asumió un total de 208,4 millones de euros de deudas ficticias y subastó bienes a precios más bajos para pagar a los deudores.

En cuanto a los delitos contra la Seguridad Social, el escrito de los fiscales detalla que el gobierno local no pagó 58,1 millones de euros por sus trabajadores entre 1991 y 2001, periodo en el que las sociedades municipales dejaron de abonar otros 33,1 millones.

El juicio está señalado en principio para los días 18, 19, 22, 23 y 24 de abril en sesiones de mañana y tarde, y para la vista la Fiscalía ha citado a 72 testigos y 7 peritos.