Justicia asegura que el nuevo código penal facilitará “la persecución de los corruptos”

El Ministerio de Justicia, que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón, facilitará “la persecución de los corruptos”, ya que, entre otras cuestiones, se lleva a cabo regulación de los delitos económicos se actualiza para evitar la impunidad de ciertas conductas.
Según informó Justicia, entre las novedades que incluye el texto que el Gobierno envía a las Cortes está que se realiza “una revisión completa del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia y a la multirreincidencia”.
Además, también se lleva a cabo una nueva regulación de los delitos económicos, de forma que el castigo a este tipo de actuaciones ilegales “se actualiza para evitar la impunidad de ciertas conductas”. La reforma también contempla que el comiso es ampliado para aumentar la posibilidad de recuperar activos ilícitos.
Son también novedades que el texto introduce la prisión permanente revisable en supuestos de excepcional gravedad y se profundiza en la posibilidad de imponer a delincuentes peligrosos medidas de seguridad junto a la pena.
El departamento de Gallardón también apuesta por establecer un único régimen de suspensión de penas que agilizará los procedimientos. Asimismo, en la delincuencia menor se amplía la discrecionalidad del juez ante el cumplimiento de pena de prisión.
También resulta relevante que las faltas quedan fuera del Código para cumplir con el principio de intervención mínima y descongestionar los juzgados. Paralelamente, se crean nuevos delitos de matrimonio forzado; acoso; divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima; e inutilización del funcionamiento de dispositivos de control para mejorar la protección de la mujer.
El proyecto de reforma también establece que será delito cualquier acto sexual con menores de 16 años, salvo que exista proximidad de edad o de madurez. A su vez, se castigará a los clientes españoles de prostitución infantil aunque cometan el delito en el extranjero.
Por último, se perseguirán las páginas web que facilitan el acceso ilícito a obras protegidas en busca de un beneficio directo o indirecto. Otro cambio previsto es que se agravarán las penas para los robos cometidos en el campo.