Sao Paulo, 13 ene.- La justicia determinó hoy la construcción de nuevos presidios en el estado brasileño de Maranhao en el plazo de 60 días, después de la crisis carcelaria que afecta a las cárceles de la región, situada en el noreste del país.
La decisión fue tomada por el juez Manoel Matos de Araújo, titular de la sección de Intereses Colectivos de Sao Luis, capital de Maranhao, según una sentencia a la que tuvieron acceso medios de comunicación locales.
De acuerdo con el fallo, las cárceles también deberán contar con el número de alojamientos suficientes para atender la demanda y hacer así frente al hacinamiento contemplado actualmente en las cárceles del estado.
El magistrado determinó la realización, en el plazo de 60 días, de reformas en el complejo penitencial de Pedrinhas, uno de los más violentos del país y donde en 2013 se produjeron la mayor parte de las 62 muertes registradas en presidios de Maranhao.
El incumplimiento de cada una de las decisiones será castigado con una multa diaria de 50.000 reales (unos 2.126 dólares), según la sentencia.
Asimismo, el magistrado fijó un plazo de 30 días para que todos los candidatos que haya aprobado el concurso de Agente Penitenciario sean nombrados.
Con motivo de la crisis carcelaria que vive el estado, un grupo de senadores de la Comisión de Derechos Humanos visitó hoy el estado, donde se reunió con su gobernadora, Roseana Sarney y el Comité Gestor de Acciones Integradas del Gobierno de Maranhao para analizar la situación.
"Lo que encontramos allí fue un depósito de seres humanos. No es una prisión. Es un local degradante y 'subhumano' sin cualquier tipo de higiene. Hay hasta enfermos mentales en los locales, que no deberían estar allí. Es un lugar sin regla", afirmó el senador Joao Capiberibe, del Partido Socialista Brasileño (PSB), que hasta el año pasado formaba parte de la base aliada del Gobierno.
Para Capiberibe, la falta de agentes penitenciarios es el resultado de la privatización, según declaraciones recogidas por la edición digital de "Jornal O Globo".
La violencia en las cárceles de Maranhao se trasladó hace dos semanas a las calles de estado, con atentados ordenados por las mafias que controlan los presidios.
En esos atentados cuatro autobuses de transporte público fueron incendiados y una niña de seis años murió víctima de graves quemaduras.
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