Justicia recibe formalmente el decreto que permite desbloquear casos de DD.HH

Montevideo, 19 jul.- La Suprema Corte de Uruguay informó hoy formalmente a los jueces penales la decisión del Ejecutivo de revocar todos los actos administrativos previos sobre la Ley de Caducidad, que puede desbloquear la investigación de unos 80 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Según dijo a Efe el portavoz del alto tribunal, Raúl Oxandabarat, esta notificación, que en sí es simplemente "un acto administrativo y burocrático", sólo busca que los jueces tengan conocimiento oficial de la existencia del decreto aprobado el pasado 27 de junio.

"No significa que la Corte inste a empezar juicios. Los tribunales mantienen su independencia y ellos deciden qué hacer y qué no", insistió Oxandabarat.

El Gobierno uruguayo determinó, "por razones de legitimidad", revocar los actos administrativos de gestiones anteriores en relación a la Ley de Caducidad, que impidió juzgar a los uniformados acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

Esta ley, aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009, concede al Ejecutivo de turno la potestad de decidir qué casos concretos quedan amparados por esa normativa y cuales no.

La medida del mandatario, José Mujica, anula así decisiones tomadas en el pasado por los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005), que decidieron incluir bajo esta norma todos los casos que llegaron a sus manos.

Con la llegada al poder en 2005 del izquierdista Frente Amplio Tabaré Vázquez (2005-2010) varios procesos fueron reabiertos por decisión del mandatario en aplicación de la ley.

El pasado mes de mayo fracasó en el Parlamento un proyecto oficialista para anular la Ley de Caducidad por la disidencia de un diputado oficialista, Víctor Semproni, que adujo que se trataba de un plan inconstitucional, que violaba dos referendos y que pretendía aplicarse con carácter retroactivo.

Una de las razones que empujó a Mujica a decidir anular de un golpe todas las decisiones previas al respecto es la cercanía del 1 de noviembre, fecha de prescripción de los delitos cometidos en aquella época, según una sentencia dictada por la Suprema Corte.