Justicia revisará la prohibición de tomar imágenes de detenidos en la nueva ley de enjuiciamiento criminal

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) a estudiar la modificación de la redacción actual del artículo 520.1 del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impide la toma de imágenes de detenidos, incluidos aquellos de relevancia pública.
Según informó el Ministerio de Justicia este martes, "atendiendo a las demandas de editores y periodistas, Catalá ha convenido en buscar un texto alternativo que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado".
El ministro se ha reafirmado en la necesidad de incorporar la protección de estos derechos en el nuevo estatuto del investigado y ha reiterado que son las autoridades competentes (órganos judiciales, fiscalía, policía judicial e instituciones penitenciarias) los destinatarios de esta norma y no los medios de comunicación, "que deberán regirse por los criterios arbitrados en sus códigos de ética profesional".
Las principales organizaciones de editores de prensa y de periodistas firmaron la semana pasada un documento de rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El escrito supone la primera ocasión en que editores y periodistas plantean sus reivindicaciones de forma conjunta, y solicitaban en él a los grupos parlamentarios que rechacen en el Senado el añadido al artículo 520.1, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 2 de junio y relativo a las detenciones, y con el que, a su juicio, se "pone en peligro el derecho constitucional a la información".
El precepto dice ahora que “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.
"Esta iniciativa ha originado una gran inquietud entre los periodistas, fotorreporteros y los medios de comunicación en general, en cuanto al fondo de la cuestión. En primer lugar, porque se pone en peligro el derecho constitucional a la información, no solo aplicable a los profesionales y medios de comunicación que la elaboran y transmiten, sino también a los ciudadanos", señala el documento, que advierte sobre una posible "inconstitucionalidad" de la ley.
"No sería la primera vez", añaden, "que el Tribunal Constitucional, cuando se produce una colisión entre derechos fundamentales, viene argumentando en sus sentencias que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, ha de prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen.
Además, sostienen que de la misma forma que no se precisan algunos aspectos, considerados faltas graves, en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, recurrida ante el Tribunal Constitucional por la mayoría de las fuerzas políticas, como es el caso del uso de imágenes de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, "la inclusión del referido párrafo produce un gran desconcierto y provoca una total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial".
Editores y periodistas muestran su inquietud por que la redacción del nuevo artículo, de acuerdo con esta proposición, "conlleve de hecho la aplicación de nuevas trabas al ejercicio profesional del derecho a la información, protegido por el artículo 20 de la Constitución Española. Así como el alejamiento de periodistas y fotorreporteros de edificios de juzgados y comisarías o de sanciones a los medios de comunicación que publicaran esas imágenes".