Justicia universal. La abogacía critica la “claudicación” de españa en la persecución de “los crímenes más atroces”

El Consejo General de la Abogacía y la Fundación Abogacía Española mostraron hoy “su radical rechazo” a la proposición de ley del Gobierno de Mariano Rajoy que limita la extensión de la jurisdicción de España fuera de sus fronteras y cuya tramitación fue aprobada el martes en el Congreso.
Para la Abogacía, esta reforma entra “en contradicción con los fundamentos de la jurisdicción universal y con los compromisos internacionales adquiridos por España” y genera “nuevas controversias jurídicas con algunos preceptos adoptados por España en virtud de la firma de convenios y tratados, como sucede en el caso del artículo 129 del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949”.
Según este artículo, vigente en el acervo normativo español en virtud del artículo 96.1 de la Constitución, “nuestros tribunales pueden perseguir los delitos establecidos en dicho convenio independientemente de dónde y quién los cometa, mientras que, tras la reforma planteada, la Ley Orgánica del Poder Judicial lo impediría”.
Con la aprobación de esta tramitación, la Abogacía critica que se reduzca el compromiso de España “en la lucha contra los crímenes sancionados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.
“Este cambio legal previsto podría dar lugar al archivo de varias causas abiertas, como el 'caso Couso', el genocidio de Guatemala, los asesinatos cometidos en el Sáhara y la relacionada con los delitos de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población de la región autónoma del Tíbet en los años ochenta y noventa del siglo XX”, recuerdan los abogados.
AUSENCIA DE APOYOS
Para la Abogacía, “llama la atención la celeridad con la que se producen las reformas de leyes orgánicas que afectan a estas cuestiones y, en el caso actual, la ausencia total de apoyos parlamentarios al grupo que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara parlamentaria y ha presentado la propuesta de reforma”.
Los abogados denuncian además que la entrada en vigor de esta reforma “reducirá drásticamente la capacidad de los tribunales españoles para iniciar procedimientos por hechos delictivos de naturaleza transnacional: trata de personas, tráfico de estupefacientes, o delitos contra la libertad e integridad sexual de menores de edad”, lo que “facilitará la existencia de nuevos espacios de impunidad para los presuntos culpables.
“DOBLE RASERO”
“Es lamentable el doble rasero que se aplica en las relaciones internacionales de los Estados, por un lado se apoya en lo económico un mundo cada vez más globalizado, libre de cortapisas y guiado por la cesión de soberanía, mientras que se aprueban decisiones que suponen un repliegue de la vocación internacionalista y vigilante de los derechos humanos por los Estados”, señala la Abogacía.
Según los abogados, los Estados acaban apartando “la vista” cuando las víctimas están “lado de la frontera, donde no pueden obtener reparación”.