Guatemala, 24 sep.- Un juzgado guatemalteco imputó hoy a nueve supuestos integrantes de una red criminal que operaba en las prisiones del país y era presuntamente liderada por el excapitán del Ejército Byron Lima Oliva, quien cumple una sentencia de 20 años por el asesinato del obispo Juan Gerardi y es uno de los imputados.
El juez Miguel Ángel Gálvez encontró pruebas suficientes para procesar judicialmente a Lima Oliva por cuatro delitos, con lo que pierde así la oportunidad de reducir su condena por el crimen de Gerardi.
El exmilitar, quien podía pedir a partir del próximo mes su libertad condicional de acuerdo con la ley guatemalteca, fue acusado de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, tráfico de influencias y uso de teléfonos celulares dentro de la prisión.
Gálvez, presidente del Juzgado B de Mayor Riesgo guatemalteco, valoró en su decisión las escuchas telefónicas realizadas por el Ministerio Público (MP) que incriminan a los imputados.
La Fiscalía guatemalteca identificó a través de las escuchas telefónicas los acuerdos de los sindicados, quienes tejieron una red criminal que se lucraba trasladando reos de una cárcel a otra con la complicidad de las autoridades.
Las pesquisas que llevaron a la acusación de Lima Oliva y su supuesta red criminal dentro de las cárceles fueron realizadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El excapitán lideraba la red criminal que cobraba hasta 100.000 dólares por negociar el traslado de reos en las cárceles del país centroamericano, de acuerdo con la Cicig, un ente de la ONU en Guatemala que investiga a los grupos clandestinos de seguridad que han penetrado las estructuras del Estado.
Uno de los beneficiados del negocio ilícito, capturado y destituido del cargo, era el director del Sistema Penitenciario (SP) Edgar Camargo, quien recibía al menos 6.000 dólares por cada traslado que autorizaba.
La Cicig asegura que cuenta con todos los medios de prueba en contra de la red que dirigía Lima Oliva desde la cárcel de Pavoncito, situada a unos 23 kilómetros al sureste de la capital guatemalteca.
La investigación para detener a la red duró un año, según el comisionado de la Cicig, el jurista colombiano Iván Velásquez, quien sostuvo durante la captura de Lima Oliva que tienen siete casos documentados en los que se cobró por el traslado de reos.
El exsubdirector del Sistema Penitenciario, Edy Fisher Arbizú, será procesado por el delito de incumplimiento de labores.
Martín Arévalo Godoy y Christian René Picón Cifuentes, presuntos colaboradores de Lima Oliva, serán juzgados por lavado de dinero, mientras José René Ávila Mazariegos fue sindicado por tráfico de influencias y asociación ilícita.
Los reos involucrados en los trasladados, Fernando de León, Silverio Chicas de León, Édgar Enrique Chicas de León y Andy Cristian Urbizú, enfrentarán a la ley por el delito de cohecho activo.
Otros cuatro posibles cómplices, incluido Camargo, podrían ser ligados próximamente a los mismos delitos.
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