Madrid, 26 ene.- La Audiencia Nacional comenzará a juzgar el próximo 30 de abril a trece miembros de Askatasuna y Demokrazia 3 Milioi (D3M), ilegalizadas por el Tribunal Supremo y el Constitucional, para los que la Fiscalía pide penas de entre 7 y 9 años de cárcel por un delito de pertenencia o colaboración con ETA.
Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han precisado que la sección primera de la sala de lo penal de este tribunal ha señalado además otras siete sesiones para la celebración de la vista oral: 3, 4, 7, 8, 9, 17 y 18 de mayo.
El fiscal Vicente González Mota acusa a la portavoz de D3M, que fue cabeza de lista en Álava en las elecciones vascas de 2009, Amparo Las Heras; Arantza Urkaregui; Elisabeth Zubiaga; Iker Rodrigo; Imanol Nieto; Agurtzane Solabarrieta; Hodei Egaña; Unai Berrosteguieta y Zuriñe Zorrozua de integración en banda terrorista, y pide para cada uno 9 años de cárcel.
Al presidente de Askatasuna, José Antonio Munduate, su secretario Xabier Isasa, el representante legal de D3M ante la Junta Electoral de Álava, Fernando Antia y Aitor Liguerzana, el Minsietrio Público los imputa un delito de colaboración con banda armada para los que solicita siete años de cárcel.
Según González Mota, a raíz de la disolución en 2003 de las ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna "se desarrolló una estrategia sucesoria de actividades" a través de nuevos partidos o agrupaciones de electores "creados y utilizados con la exclusiva finalidad de eludir con fraude de ley la eficacia de las decisiones judiciales y desarrollar el proyecto terrorista".
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal reproduce los estatutos de Askatasuna, y añade que su similitud con los de Batasuna en cuanto a fines, órganos y estructura interna y a los derechos y obligaciones de los militantes "se convierte en coincidencia casi total".
Añade que ese partido fue creado en 1998 con la finalidad de "continuar con la actividad del entramado institucional de ETA" y destaca su "inactividad política" entre 2001 y 2009, lo que le confirió un carácter "de tapadera u opción 'B'" de Batasuna y la banda terrorista.
Respecto a D3M, el fiscal asegura que las agrupaciones de electores fueron utilizadas "para eludir el control de la legalidad y seguir operando pese a las resoluciones acordadas por la Justicia, subsistiendo 'de facto' como organización política tras la celebración de las elecciones hasta la siguiente convocatoria electoral".
El Tribunal Constitucional confirmó el 17 de febrero de 2009 la decisión del Supremo de anular la proclamación de las candidaturas de Askatasuna y de Demokrazia 3 Milioi, que no pudieron estar presentes en las elecciones autonómicas vascas del 1 de marzo de ese año, lo que supuso que por primera vez en la historia la izquierda abertzale no tuviera representación en la Cámara de Vitoria.
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