Madrid, 4 jun.- La Audiencia Nacional ha planteado ampliar sus competencias a la jurisdicción civil, en particular en su vertiente mercantil o comercial, "para conocer y enjuiciar todos los asuntos económicos de especial envergadura".
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su informe al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que somete a la consideración del órgano de gobierno de los jueces la conveniencia de plantear al Ejecutivo la ampliación de las competencias de este tribunal.
La Audiencia señala que de ampliarse de esta forma sus competencias este tribunal "consolidaría y reafirmaría su papel como referente para asuntos de calado bien por su dimensión, por su cuantía, por la relevancia o por la dispersión por distintas partes del territorio español".
Explica que a semejanza de la organización prevista para los ámbitos penal y contencioso-administrativo, la del civil constaría de una sala de instancia y de una sala superior en la Audiencia Nacional.
Añade que estas salas de la Audiencia Nacional "serían competentes para conocer y enjuiciar todos los asuntos económicos de especial envergadura, ya sea por su índole económica o por afectar a un número importante y elevado de perjudicados".
Destaca que ello concentraría la competencia en un solo órgano, sin que se dispersen las reclamaciones por distintos juzgados y tribunales del territorio español, favoreciendo la especialización y evitando posibles resoluciones contradictorias de un mismo asunto.
La Audiencia comenta que podría pensarse en reclamaciones de cantidades superiores a una determinada suma, a demandas colectivas presentadas por asociaciones de consumidores y usuarios contra cláusulas abusivas o de condiciones generales de contratación, así como de la responsabilidad civil derivada de las grandes catástrofes naturales y aquellas que afecten a más de una comunidad autónoma.
Indica que también podría conocer los concursos de acreedores más importantes porque así lo exija el número de empleados de la empresa, el de centros laborales, el importe de la deuda o por la cifra de negocios de la concursada o cuando sean presentados por compañías que coticen con valores negociados en mercados o se trate de entidades de créditos y aseguradoras, entre otros requisitos.
Entre otras sugerencias la Audiencia estima que habría que solucionar definitivamente el modelo de instrucción penal -actualmente atribuida a los jueces- y las competencias de estos y de los fiscales en el futuro Código Procesal Penal.
Por otra parte, advierte de que la supresión del régimen de sustituciones, que ha supuesto la eliminación de unos 1.500 jueces sustitutos, no se evalúa en el anteproyecto, "lo que no parece prudente ya que habría sido positivo constatar si dicha medida ha agilizado o colapsado el funcionamiento de la administración judicial".
En cuanto a la provisión de plazas en la Audiencia Nacional estima que "el modelo propuesto producirá un rejuvenecimiento radical de las presidencias, que dirigirá a un colectivo de jueces cuya experiencia en la jurisdicción quedará absolutamente desaprovechada".
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